Nuestro nuevo presidente de Gobierno, intentando llamarle al pan pan y al vino vino, ha sorprendido a los españoles en general y a sus votantes en particular poniendo en marcha un plan de recortes y subidas de impuestos más digna del Gobierno anterior que lo que venían proclamando a los cuatro vientos en los últimos años.Pero en este paquete de reformas el tamaño y modelo de Estado se mantiene intacto y las duplicidades también, por lo que el acostumbrado despilfarro de este modelo —difícilmente sostenible— continuará.

Las medidas del 30 de diciembre pasado suponen una reducción bruta del déficit de unos 15.000 millones de euros, apenas un poco más de lo que nos costará a los contribuyentes salvar la CAM, aunque lo más grave es la ruptura de las promesas electorales y la pobreza de argumentos y nombres exóticos a una subida de impuestos, calificándola de «recargo temporal de solidaridad».

Como contribuyente aún no he podido olvidar la llamada a la insumisión fiscal de algunos líderes del partido en el flamante Gobierno cuando el anterior puso en marcha su particular «recargo solidario» con el IVA.

Era de esperar —y razonable— que se invocase a la «herencia recibida» porque francamente es una pésima herencia, pero alegar desconocer que el déficit se iba a disparar al 8% del PIB por culpa de las autonomías, en las que están gobernando desde mayo, está siendo demoledor para la credibilidad del nuevo equipo de Gobierno, porque las hemerotecas van a jugarles una mala pasada. No conocer el tamaño real del déficit en los siete meses que llevan gobernando en casi todas las autonomías resulta poco reconfortante y solo será justificable si ese 2% de desviación adicional viene por fuertes variaciones en Cataluña, Andalucía y Pais Vasco; de lo contrario sería razonable pensar que hay un gran descontrol o que el actual partido en el Gobierno ha seguido, como su antecesor, ocultando la realidad. Más de lo mismo.

Una subida del IRPF a las rentas medias y una congelación de salarios a los funcionarios supone pasar la factura a los de siempre. Aunque esta subida sea progresiva, al hacerla en el origen de la obtención de las rentas no solo disminuirá el consumo sino que acaba con el ahorro. En un momento en la que el principal problema de la economía española es el fuerte apalancamiento de las familias, limitar la posibilidad que las propias familias destinen sus rentas a amortiguar los efectos de una deuda excesiva, recortando voluntariamente sus gastos en consumo, resulta un suicidio. En definitiva es una medida confiscatoria para las clases medias, precisamente donde el Partido Popular ha sacado el excedente de votos que le ha dado una confortable mayoría.

Desde el mes de septiembre y hasta el mismo 20N todos los sectores económicos —incluyendo Funcas (Fundación Cajas de Ahorro)— han hablado de que el desajuste era de 40.000 millones de euros más de lo previsto, es decir el 8%. Incluso el presidente de esta institución rectificó hace unas semanas a Rajoy, antes de prometer que no subiría impuestos en la sesión de investidura.

El Gobierno anterior ha estado plagado de ocurrencias, cambios de ritmo, improvisaciones y pobres argumentos. Desde la lectura del BOE del 31 de diciembre tengo la sensación que estamos ante más de lo mismo. A los votantes no se les puede tratar como profundos ignorantes.

Al pan y al vino habrá que buscarle nombres alternativos.