Se han fijado ustedes cómo han florecido en estos últimos años los llamados ´observatorios´? Los hay de toda clase y especie y no se sabe muy bien en qué consisten y cuál sea su función, además de la de suplir las obligaciones que corresponden a la Administración, entre las que se encuentra la de observar la aplicación de la ley. Casi con seguridad, me da a mí, que se trata de ´colocar´ a miles de personas, presuntamente especialistas en materias dispares, lo que da para mucho; todo depende de la imaginación del creador.

Cientos o miles, las hay en todos los ámbitos de la vida, en cualquier asunto por muy minúsculo o específico que sea. Hay ministerios donde existen tantos que uno se pregunta qué harán los cargos públicos y los organismos que los componen. Si entran en el Google, podrán apreciar lo que digo. Observatorios para la pluralidad religiosa, el EJIS, sobre igualdad hay ocho de carácter nacional al menos, de transporte terrestre nueve contados, la red de observatorios de sostenibilidad agrupa a treinta y cuatro de ellos, los hay industriales, culturales, de empleo etcétera. En el ministerio de Sanidad existen decenas, en el de Fomento, otros cuantos, en el de Justicia, muchos y de los más raros, en las comunidades autónomas tantos como los anteriores, pero multiplicados por diecisiete. Miles como digo.

Su función, se dice, es recopilar información, tratarla y elaborar propuestas del sector en el que desarrollan su competencia. Pero yo creía que esa era una misión propia de la Administración, de los funcionarios que en ella trabajamos y de los políticos que pagamos, sin que parezca oportuno engordar la nómina hasta un punto casi inabarcable. Lo cierto es que la capacidad de ingenio para extremar los cargos públicos es inagotable y a la vez el gasto hasta donde es imposible cubrirlo. Porque, digo yo, hasta hace pocos años esta labor se desarrollaba en cada Administración sin problema alguno y, por supuesto, no aparecía esta necesidad imperiosa de fomentar grupos de información, muchas veces constituidos por sujetos poco sensatos, que proponen absurdos cuya eficacia cabe poner en duda. Si no se lo creen, vean ustedes algunas de las propuestas que aparecen de vez en cuando en los medios de algunos de estos observatorios.

Un chollo nuevo, una nueva idea para engordar el gasto y colocar a los amigos. Porque, bien está que en una materia muy determinada pueda constituirse un grupo de trabajo, muy especializado, máxime si se trata de un asunto especialmente sensible socialmente; pero, que hayan florecido como los champiñones y que existan en parcelas ridículas mueve a la sospecha y a una cierta sensación de ridículo o engaño.

Habría que empezar a plantearse seriamente la utilidad de estos centros, su composición, su designación, sus funciones, su coste, sus resultados y analizar su compatibilidad con una Administración que, poco a poco, merced a los nombramientos de confianza, está desapareciendo en manos de una clase política que precisa de personas de independencia poco reconocible, que elaboran estudios a pedido de quien manda y paga. Porque, los observatorios no se constituyen, como podrán intuir, por oposición, sino a dedo por los diversos organismos públicos y políticos, que nombran en ellos a quienes intuyen cercanos a sus designios, de manera que pocas veces verán ustedes un informe elaborado por tan insignes grupos que difiera sensiblemente de la política oficial y muchas, por el contrario, las medidas propuestas por los observatorios coinciden peligrosamente con las intenciones de los ministerios o consejerías que los usan como pretexto para basar sus decisiones más peregrinas.

Ya está bien de nombramientos de confianza, sean asesores, sean observadores, sean informantes anónimos (en la Universidad ya se ha instaurado esta ´novedad´ tan arraigada en el pensamiento inquisitivo español). Basta con los funcionarios, por oposición, inamovibles, independientes, no sujetos a los vaivenes políticos de cada gobierno de turno. El que quiera personal de confianza, que se lo pague. El que quiera un informe favorable, que lo costee de su bolsillo. El que quiera publicidad, que la encargue con sus fondos privados.

Si se quieren hacer observatorios, que los haga la sociedad civil, sin apoyo público, sin financiación pública, sin interferencias oficiales, sin reparos de imparcialidad. Si un ministerio quiere observar, que utilice a sus funcionarios estables, que no cobran por un trabajo que entra en las obligaciones de la Administración. Así, los observadores observarán la realidad, no la que les impongan o indiquen.