Afirma doña Adela Martínez-Cachá, concejala de Medio Ambiente del ayuntamiento de Murcia, que «el Ayuntamiento ha tramitado este año ayudas de emergencia social para el pago de recibos de luz, agua y alquileres, entre otras», cuando sabe perfectamente que la ordenanza que regula estas ayudas excluye expresamente el uso de las mismas para la amortización de deudas o el abono de servicios prestados por las Administraciones públicas. O ¿acaso lo desconoce? No se puede €o debe€ intentar confundir a la opinión pública queriendo presentar estas ayudas como solución al problema de los cortes de agua. A día de hoy, está pendiente de determinar cuales serán las condiciones de aplicación del recién creado Fondo Social dotado con 200.000 euros. Desde la Asamblea 15M de los Barrios de La Fama-Vistabella y La Paz nos preguntamos si realmente las condiciones que se determinen irán encaminadas a paliar una situación tan gravosa para las familias afectadas o como, hasta ahora, será un nombre rimbombante, Ayudas de Emergencia Social, vacío de contenido.
Creemos que la ciudadanía merece una explicación acerca de lo que se dijo en el pleno del pasado 24 de noviembre. Integrantes de este movimiento ciudadano fueron testigos de que la concejala Martínez Cachá afirmó que sólo se han ejecutado 85.000 euros de los 120.000 euros en ayudas sociales de Aguas de Murcia aprobadas el 3 de noviembre de 2009, destinadas a cubrir tarifas especiales para familias numerosas y pensionistas.
Una buena disposición por parte de la entidad y una solución inmediata a los cientos de casos actuales de corte y amenaza de corte de agua a estas familias en situación económica desfavorable por culpa de la crisis económica sería la aplicación de los 35.000 euros sobrantes del fondo de Ayudas de Emergencia Social a estas familias, sin necesidad de esperas, pese a que la constitución de dicho fondo no fuera destinada a este menester. La realidad actual es suficientemente alarmante y gravosa como para que este remanente no sea destinado de inmediato a las familias.
En relación a las manifestaciones del señor Albadalejo, gerente de Aguas de Murcia, quien, literalmente, no tuvo empacho en asegurar que «no cortamos el agua a nadie que no puede pagar. Si acuden a nuestras oficinas o a Servicios Sociales, la deuda se les puede aplazar o fraccionar». Añadió que en lo que va de año, la empresa ha cortado el agua a 3.000 abonados del total de 180.000, «lo que representa solo un 0,6% y ahí están incluidas empresas, industrias y propietarios de viviendas que no quieren pagar o que ya no tienen esa vivienda o ese comercio». Indicó que «no cortamos nunca por sorpresa. Enviamos una carta con 28 días de antelación y, si vienen, estudiamos caso por caso». Concretamente, en lo que va de año, Emuasa ha cortado el agua a quince abonados del barrio de La Paz, a diecisiete de La Fama y a veinte de Espinardo.
Desde esta Asamblea Ciudadana le invitamos a hacer un recorrido, en un día cualquiera, por nuestros barrios o cualquier otro de Murcia ya que, sin duda, a tenor de las afirmaciones vertidas, entendemos debe desconocer el dato de que diariamente se envían cartas de Aguas de Murcia anunciándoles el corte de agua tras haber acumulado dos impagos, a una media de 45 familias en Murcia y pedanías. Si llevamos a cabo una sencilla operación aritmética veremos que las cifras no cuadran con las que el gerente nos ofrece.
Puede el señor Albaladejo, asímismo, ponerse en contacto con los Servicios Sociales que menciona, con instituciones como Cáritas u otras del mismo tenor, para comprobar que está en las antípodas de la realidad, dicho sea con todos los respetos; nos encontramos ante una trágica realidad que acontece en cientos de familias en condiciones de precariedad económica: sólo entre enero y junio de 2011, setenta familias fueron ayudadas con el pago del recibo de agua por una ONG barrial. Por favor, pongan en práctica lo que sin rubor afirman y estudien caso por caso.
El señor Quiñonero, director de los Servicios Jurídicos de la empresa que gestiona el servicio, apuntó que «existe un reglamento, que es el que aplicamos y si se corta el suministro a alguien es porque han transcurrido seis meses reiterados de impagos», aunque añadió que «damos facilidades como el cobro aplazado para tratar de evitar llegar a esa situación». Concretamente se refiere al artículo 16 del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable de Murcia sobre Terminación o Extinción, que en su apartado c. recoge que «...al cesar en el uso de la misma de forma permanente y sin hacer efectivas las facturaciones de dos bimestres» Esto son cuatro meses, y no seiscomo refiere el señor Quiñonero, y en la práctica se está llevando a cabo bimestralmente incumpliendo de manera clara el reglamento.
Mientras el artículo 16 c. continúe vigente seguiremos afirmando que en Murcia se incumple con nuestro inherente Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, reconocido por la ONU el 28 de julio de 2010. El reconocimiento de este derecho humano significará que las familias que no puedan afrontar el pago de las facturas de agua eviten tener que rogar al empleado de turno de Emuasa que les fraccione el pago como, asímismo, supondrá que no tengan que ir a ninguna ONG a pedir que les paguen el agua (situación vergonzante para muchas familias, aunque hacerlo por necesidad no tenga que serlo) como, además, permitirá, sobre la base de nuestro derecho adquirido, hacerlo efectivo sin tener que recurrir a las prácticas de vasallaje a la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.
