Nuevamente cuesta entender que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2012 se haya confeccionado, ni siquiera en teoría, para «crecer en empleo y cumplir con nuestros compromisos financieros», tal y como mantienen sus proponentes. Y cuesta entenderlo porque reproducen el esquema que viene repitiéndose en los últimos años, con los negativos resultados que todos conocemos: recortes en los servicios públicos, recortes en la inversión, más deuda y gastos financieros, y la continuidad de una inexplicable tendencia desfiscalizadora.

¿Cómo van a ser útiles, entonces, al propósito de remontar la situación actual de la economía, si dan la espalda a las decenas de miles de personas que en estos momentos más necesitan de la protección social y de lo público? ¿Cómo van a ser útiles y si siguen ahondando en la paralización de la actividad económica y la inversión, y trasladando impagos a ejercicios futuros?

El escenario del que parte peca de excesivo optimismo (prevé un crecimiento del 1,1% del PIB, cuando el previsto para el conjunto nacional es de apenas un 0,7%), y nos sitúa ante el cuarto presupuesto consecutivo que impone recortes en lo sanitario, en lo educativo y en lo social. Al tiempo, desecha la oportunidad de mejorar los ingresos públicos por la vía de lucha contra el fraude fiscal, el afrontamiento sin cortapisas de la economía sumergida y la reformulación del sistema tributario regional, dentro del nada desdeñable margen competencial autonómico. Y contempla una caída en ingresos que el Presupuesto desafortunadamente combina con un incremento espectacular de la deuda pública (242,78%) y de los gastos financieros (82,64%).

Estamos ante un proyecto que insiste en recortar consignaciones vinculadas al cambio de modelo productivo y al estímulo de la actividad económica, como las de infraestructuras, agricultura, industria, comercio, I+D+i o medio ambiente; partidas todas ellas que soportan recortes que van desde el 60% hasta el 17%, en el mejor de los casos. Estamos ante un proyecto que perjudica la cohesión territorial, al restar un 70,81% a la dotación del Plan de Cooperación Local.

Imponer sacrificios a los que menos tienen, aplicando recortes sobre los servicios públicos no es en este momento la mejor receta. En conjunto, el gasto social en sanidad, educación y política social cae un 6%. Especialmente negativo resulta el descenso del 4,11% en Empleo y Formación, en un momento como el actual, en el que como todos sabemos el paro debe ser la principal preocupación ante la escalofriante cifra de 178.400 personas desempleadas, la cuarta tasa mayor de paro de España. Resulta inexplicable también el recorte del 3,34% que sufre el presupuesto del Servicio de Empleo y Formación (SEF) o la insuficiente atención que se presta a las políticas activas de empleo. En Educación resulta más que discutible que la enseñanza pública en todos sus niveles vea reducidos sus recursos (incluso de manera sensible en el capítulo de gasto corriente de colegios e institutos), mientras que se aumentan los recursos destinados a la educación concertada en un 1,70%, casi ocho millones de euros.

¿No es bastante ilusorio entonces que se hable de crear 7.000 empleos, fomentar la excelencia educativa o combatir el abandono escolar? Cuando, además, desaparece el bono-libro, las ayudas al transporte escolar o las inversiones en infraestructuras educativas previstas en el (parece que ya olvidado) II Pacto Social por la Educación.

Por su parte, el recorte sanitario se alza hasta el 12,02% respecto de los presupuestos anteriores, suponiendo significativas reducciones en programas de salud preventivos, además de un importantísimo recorte de 631 trabajadores en la plantilla sanitaria pública (del que se dice, incomprensiblemente, que no afectará a la calidad del servicio).

A pesar de lo que se manifestó desde el Gobierno y desde ciertas organizaciones sindicales de carácter sectorial y corporativo (cuando suscribieron y alentaron las medidas regresivas de la Ley del Tijeretazo), el compromiso de que se darían por finalizadas dichas medidas el 31 de diciembre de 2011 se incumple, y se consolida la regresión laboral que todos ellos diseñaron, incluida la pérdida de puestos de trabajo.

Desde UGT exigimos en su día, y ahora también, la total desaparición de las medidas regresivas, la vuelta a la situación laboral anterior a 2011 y la recuperación de derechos y del poder adquisitivo de 55.000 familias de la Región de Murcia. Nos preguntamos: ¿dónde están ahora esas organizaciones sindicales que suscribieron las medidas, prometieron su caducidad y desmovilizaron a los trabajadores?

Lo peor es que las regresiones laborales producidas no han evitado que la Región de Murcia haya ido engrosando aún más su déficit acumulado: en el tercer trimestre este déficit ya alcanzaba el 3,03% del PIB regional, muy lejos del 1,3% marcado como límite por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este año 2011.

En UGT hacemos una petición expresa al Gobierno Regional, para que rectifique y elabore unas cuentas públicas que estimulen la economía, que amortigüen los efectos de la crisis y permitan crear empleo, que es a lo que hay que conceder prioridad absoluta, y que se pague lo que se adeuda a empresas, entidades, familias y ciudadanos, con inmediatez. El ´tapón económico´ que conlleva la morosidad, estrangula la economía, a las empresas, a los trabajadores, a sus emolumentos, a las familias, genera desempleo, hace caer la actividad económica y la desincentiva.

El Presupuesto, que debe ser aprovechado para amortiguar los efectos de esta persistente crisis e impulsar la actividad económica, una vez más opta por medidas contraproducentes.