El amplio revuelo suscitado por la reforma constitucional ha ocultado la escasa repercusión mediática de la reforma laboral, que mediante Real Decreto-Ley se aprobó en el seno del Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto y que fue convalidado por el Congreso el 15 de septiembre. La utilización de este instrumento jurídico se justifica por una situación de urgente y extraordinaria necesidad y en este caso el Gobierno de España se ha decantado, como de costumbre, por huir del debate parlamentario y de la participación de los actores sociales para la puesta en marcha de las reformas laborales.

Desde la aciaga reforma laboral de 2010 se ha afianzado la idea de que un empleo estable y de calidad supone un lastre para el sistema productivo, constituyéndose el derecho del trabajo como el culpable del mal funcionamiento del mercado laboral. Las medidas de 2010 han sido totalmente ineficaces, las cifras de los datos del paro hablan por sí mismas, y la crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que empeoran las condiciones laborales y ahondan en un modelo económico que ya ha demostrado sus flaquezas ante las dificultades.

Resulta paradójico que para promover la estabilidad que predica el citado Real Decreto-Ley se permita el encadenamiento de contratos temporales. Desaparece temporalmente, aunque auguro prórroga de la misma, la regla del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que convertía en indefinidos a los trabajadores que encadenaban contratos temporales durante más de dos años en la misma empresa o grupo de empresas; es contradictorio que para que haya más contratos indefinidos, se posibilite que un trabajador desempeñe de forma temporal un mismo trabajo durante más tiempo, lo que implicará que una persona podrá ocupar sine die un mismo puesto de trabajo sin llegar a tener un contrato indefinido.

La estabilidad laboral, la formación, la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo son valores añadidos al producto final o servicio prestado por la empresa que prevalecen por encima de otros factores productivos y que, según el sentido común y la lógica empresarial, deberían convertir a un trabajador en insustituible.

Para atajar el galopante desempleo juvenil, el Gobierno ha lanzado, como medida estrella, el nuevo ´contrato para la formación y el aprendizaje´. Su regulación, pendiente de desarrollo reglamentario, es muy similar al actual contrato de formación. Está destinado a jóvenes sin titulación profesional y que no puedan acceder a un contrato en prácticas; su regulación permite la posibilidad de encontrar a personas con 33 años cobrando 481,05 euros mensuales. Pero lo más grave son los fraudes cometidos con este tipo de contratos; el incumplimiento del deber de formación de la empresa y la contratación de jóvenes con titulación para labores de aprendiz, por lo que hubiera sido más eficiente y de justicia,

mantener el actual contrato de formación adoptando medidas que eviten los abusos y garanticen todos los aspectos de la formación.

En la reforma laboral de 2010 se profundizó en la flexibilidad interna, se descausalizaba el despido y su coste se redujo, se ampliaba la cobertura del Fogasa. En febrero de este año se aprobaban medidas de carácter económico que fomentaban la contratación indefinida, incluidos los contratos a tiempo parcial y los temporales mediante la reducción al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, y en agosto, una vuelta más de tuerca al derecho laboral: ¡hagan juego, señores! ¿alguien da más?

Y a pesar de todo, algunos insisten en que la rigidez del mercado laboral es la causante del elevado desempleo, afirmación errónea y con total desconocimiento del que la pronuncia públicamente.

Se retuerce el derecho del trabajo para forzarlo a actuar como elemento amortiguador de la crisis financiera y del agotado modelo productivo. El legislador va limando con hierro la esencia de su propia existencia, tuitiva y protectora de los derechos de los trabajadores para que, en nombre de la patria, sea la clase trabajadora la que saque pecho y la salve, y el resto, los verdaderos causantes de esta crisis, esos que no tienen rostro, ni escrúpulos, ni responsabilidad, se van de rositas.

Existen otras alternativas para combatir la crisis, menos traumáticas para los trabajadores y para la ciudadanía en general. Se conocen y están ahí; sólo es cuestión de voluntad política. ¿Serán capaces de hacerlo? No, a las pruebas me remito; el aumento del IVA; los recortes en los servicios básicos y esenciales para la comunidad; sanidad, educación y servicios sociales, y no sólo dependencia; el aumento del precio del dinero; la reducción salarial de los funcionarios y las sucesivas reformas laborales nos convierten en más vulnerables económica y socialmente.