Contra la resignación

El modelo bipartidista español, que ha canalizado coactivamente con la ayuda de una injusta ley electoral el sistema de representación política desde la transición política, puede estallar el 20N. El partido que ocupaba el polo progresista del tándem puede hundirse, dando al traste con los equilibrios en que aquél se sostenía.

El PSOE puede sufrir una masiva pérdida de votos y una fuerte desligitimación como fuerza opositora frente a un Gobierno de mayoría absoluta del PP. La ‘operación Rubalcaba’ parece abocada definitivamente al fracaso con el golpe de gracia que ha supuesto la reforma impuesta de la Constitución, que la mayoría de ciudadanos (dos de cada tres, según el sondeo de Metroscopia para El País) hubiera querido votar en referéndum.

Zapatero, del que un intelectual tan respetado como el sociólogo Manuel Castells ha dicho (La Vanguardia, 10/09/11) que «quedará en la historia como el peor presidente de la democracia española hasta la fecha (Aznar al menos tenía coherencia ideológica)», habría conducido a un partido rebañego y acrítico, sin capacidad autónoma para pensar, debatir y decidir, al suicidio electoral al asumir la mayor operación de transfuguismo político colectivo de toda la democracia.

Los dos partidos, actuando como fáctica ‘gran coalición’, han colaborado en el último periodo en el tipo de respuesta frente a la crisis económica: la política de ajuste y contrarreforma de nuestro insuficiente Estado del Bienestar, y la perpetuación del reparto injusto de los sacrificios que comporta esta orientación. La retórica de la confrontación Gobierno-oposición ha declinado ante la básica coincidencia en la política de recortes sociales, iniciada inopinadamente por el PSOE y que el PP tratará de radicalizar —con la exclusiva y socialmente minoritaria fidelidad de su pétreo electorado al que intentará sumar el de las derechas nacionalistas— después de noviembre.

¿Era inevitable esta situación? ¿no hay alternativa económica y política? No lo era y no lo es. Como demuestra la actuación de un Gobierno tan poco sospechoso de izquierdismo (excepto para los fanáticos del Tea Party) como el de Obama, y aun sin salirnos de la lógica del sistema, otra política, que sustituya la obsesión por el déficit por la prioridad de la lucha contra el desempleo y por la reactivación económica con políticas anticíclicas de estímulo público, era y es posible.

Porque como ha escrito el Nobel Paul Kraugman, la comprobación «con asombre y horror» del nuevo consenso en ciertos círculos políticos en favor de la austeridad y el recorte de gasto público, «no se basa ni en evidencias ni en un análisis cuidadoso. Se basa, en cambio, en lo que podríamos llamar (caritativamente) mera especulación y (sin caridad) los productos de la imaginación de la élite política». Es decir, no es más que una posición ideológica que colisiona gravemente con la realidad, alejando la salida de la crisis, profundizando la dualización e incrementando el dolor social.

Pues bien, la implosión del sistema bipartidista lejos de ser la catástrofe que algunos analistas suponen, puede liberar nuevas energías sociales que revitalicen nuestra languideciente democracia. El movimiento 15M, que ha contado con la simpatía mayoritaria de los ciudadanos (hasta del 80%, según los sondeos) es la más contundente expresión de que el país reclama activamente una nueva etapa, con cambios sustanciales que supongan más calidad de la democracia y más justicia social.

No sirve, por tanto, la reedición de las penosas prácticas del pasado que ha aplicado sin restricción nuestra clase política (opacidad en la gestión pública, corrupción, oligarquización de las decisiones y expulsión de los ciudadanos de la vida pública, etc.), tampoco el recorte de derechos y la privatización de servicios públicos ni el modelo económico-especulativo fracasado.

Un PP triunfante en noviembre, alcanzando la mayor concentración de poder político en un solo partido de los últimos treinta años, no puede ser la respuesta a estas demandas de la sociedad española. Lo que representa esta opción no se corresponde, aun cuando llegue a disponer de mayoría parlamentaria, con los deseos de la sociedad española. El conflicto social será por ello inevitable. Y la derecha puede responder —está en su naturaleza— con la tentación autoritaria (recorte de derechos políticos y de libertades, represión policial, medidas de control de la información y la comunicación, etc.).

Incurrirán en un nuevo error político si pretenden restringir toda legitimidad a la estrictamente electoral, cuya relevancia no podemos negar, pero que no puede laminar ni excluir otras fuentes de legitimación (la de los derechos constitucionales a expresión y manifestación, el ejercicio de los derechos de participación, etc.). Hay un fuerte malestar social y un profundo descrédito de la representación política y ese divorcio entre los representantes y los representados no se resuelve —como escribió irónicamente B. Brech— disolviendo el pueblo y eligiendo otro.

Pero no menos grave error sería despreciar la lucha electoral. El desplazamiento del PSOE hacia la derecha abre una oportunidad al resto de la izquierda —la política y la social— para ocupar un papel más relevante en la representación de los ciudadanos que debe ser aprovechado. Para ello hay que superar no sólo viejos esquemas y fetichismos de las siglas, sino toda una cultura política cuestionada por el movimiento de los indignados, al que hay que respetar escrupulosamente en su trabajo socio-político e independencia de los procesos electorales sin pretender manipularlo.

Necesitamos nuevas fuerzas, unitarias y plurales, que sepan expresar el impulso de cambio devolviendo el protagonismo a la ciudadanía. Un paso en esa dirección puede ser la presentación de una única candidatura unitaria e independiente al Senado por Murcia, apoyada por todos los ciudadanos que quieran de verdad cambiar el modelo político y el sistema económico, sin siglas partidarias, fruto de un proceso de reflexión y participación abierto y radicalmente democrático que permita construir entre todos el programa y elegir los candidatos. Constituiría un ejemplo y una contribución de la Región a los procesos de renovación política que deben profundizarse en todo el país tras el 20N.