En el último viaje que ha hecho Alfonso Guerra a Rodiezmo para levantar el puño después de haber levantado el brazo cuantas veces ha sido requerido para apoyar los recortes neoliberales, ha asegurado que la derecha obtiene placer aplicando los recortes, mientras que el PSOE lo hace como si tragara una píldora envenenada. Nos está diciendo este monumento vivo al cinismo político que, puesto que no es posible otra política que la que se está ejecutando, lo que diferencia a la izquierda de la derecha es que aquélla sufre machacando al personal, mientras que a ésta el asunto le pone. En su afán por ser original y convertir en categoría conceptual los chascarrillos que emite, quizá no se ha percatado de que está afirmando, simple y llanamente, que ya no merece la pena tener ideología: al fin y al cabo sólo hay una forma de hacer política, se ponga en práctica con dolor o con gusto, lo cual es completamente indiferente a los efectos de sus resultados prácticos, particularmente para sus víctimas, que se cuentan por millones.
Y es que el espectáculo al que estamos asistiendo sería divertido por surrealista y kafkiano, si no fuera por la carga trágica que encierra para el país. PSOE y PP se acusan mutuamente de haber aplicado la 'motosierra' al gasto social, horas después de haber sido cómplices en la incrustación de la ideología neoliberal en la Constitución, por imposición externa y sin consultar a la población en cuestión de tamaña trascendencia. Comportamiento que ha sido calificado como golpe de Estado por cuanto poderes foráneos, utilizando no las armas sino los votos de 316 diputados que no habían sido elegidos para ello, han cambiado la ley básica del país y su política económica. Sin menospreciar esta interpretación, en mi opinión estamos más bien ante un golpe al Estado.
Efectivamente, el objetivo de los mercados, es decir, el capital financiero apátrida, no es otro que el de reducir a su mínima expresión el Estado tal y como lo conocemos, fundamentalmente como proveedor de servicios y de inversión pública, además de baluarte de la soberanía nacional. Esta soberanía y los servicios públicos son obstáculos para la valorización de los capitales especulativos; por consiguiente, hay que acabar con esas trabas. Fíjense en lo que dice el modificado artículo 135 de nuestra Constitución: el pago de los intereses y capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta en la política presupuestaria del Gobierno. Absoluta. Antes que pagar los salarios del personal y de mantener unos niveles mínimos en sanidad o educación, hay que apartar el dinero para los banqueros y especuladores que se lo han prestado al Estado, porque por supuesto no se contempla que la deuda pública la financien los bancos centrales. Que cobre el prestamista prevalece sobre que la gente coma o tenga salud.
Está claro que esta escala de valores es incompatible con el concepto moderno de Estado, cuya finalidad esencial es preservar la vida, la seguridad y el bienestar de quienes integran la sociedad, la cual se dota de las instituciones estatales precisamente para garantizar esos bienes. La cuantificación del déficit tendría como finalidad expresa la de acabar con los servicios públicos. Por cuanto no se contempla una auténtica reforma fiscal progresiva, que haga pagar a los que más tienen y acabe con el fraude (ZP ya dijo hace unos días que ello no estaba en la agenda del Gobierno), la sacralización del déficit casi 0 supone la puesta en práctica de drásticos recortes en sanidad, educación, servicios sociales e inversión en infraestructuras y equipamientos.
Echando unos sencillos números, imaginemos que ahora mismo estuviese en vigor la ley que regulará el déficit del 0,4% sobre el PIB. Si calculamos un déficit a final de 2011 de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, éste tendría que reducirse a unos 4.000 millones. Habría que detraer del gasto público entre 46.000 y 56.000 millones. Cospedal lo ha dicho claro: su imponente recorte de 1.820 millones en Castilla-La Mancha se inspira en la reforma constitucional. Cada vez resulta más claro que la lucha contra esta crisis es una lucha por la democracia y la equidad.
