No me resisto a empezar este comentario sin hacer mención expresa de dos artículos, uno de nuestra Constitución Española y otra de la Declaración de Derechos Humanos.

«Artículo 47 de la Constitución española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Y la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 25.1, afirma: «Toda persona tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…».

Cada vez que legalmente se desahucia a una familia en su primera vivienda o el local de trabajo estamos atentando contra la Constitución y los Derechos Humanos, porque hiere a las personas, a las familias en su dignidad. El sufrimiento que se causa es tremendo y no se entiende que las leyes amparen la codicia y la avaricia sin escrúpulos por encima de las personas. Desahuciar a una familia es dejarla sin presente y sin futuro, en aras de un mayor reparto de beneficios de los accionistas de los bancos.

Cuando una familia iba a pedir un préstamo a un banco porque tenía la ilusión de tener una vivienda para poder realizar su proyecto de vida de pareja, crear un hogar, en definitiva, dar forma a una esperanza de amor, de compartición y de entrega, se encontraba con todas las facilidades del mundo, hasta era frecuente oír la frase: «He ido al banco por un préstamo de 130.000 euros y he salido con uno de 190.000. El director de la sucursal nos ha convencido para comprar muebles nuevos, cambiar de coche, obtener una tarjeta de crédito y para hacer alguna pequeña reforma en el piso».

Uno salía del banco con alegría y orgulloso, pero no se imaginaban que las personas, para el sistema financiero, son meros clientes, elementos para obtener mayores beneficios y cada vez mayor rentabilidad. Parece que cuando uno firma un préstamo al banco vende su alma al diablo.

Gracias a la lucha de las plataformas de los afectados por las hipotecas se ha tomado muy en serio este drama personal, familiar y social. Son miles de familias, pequeños empresarios, autónomos que se encuentra en ese proceso judicial de desahucio y simultáneamente, un proceso de pérdida de autoestima por el fracaso social que conlleva y la imposibilidad de una vez de pérdida la vivienda de comenzar de cero, porque posiblemente tendrá que seguir pagando después de la subasta. Lo dicho, cuando se adquiere una hipoteca para comprar su vivienda, según el capitalismo, uno está hipotecando su propia vida.

Desde estas plataformas de afectados por las hipotecas, entre ellas la de Murcia, abogamos por la dación en pago (cancelar la deuda con la entrega de la vivienda), por la vivienda social de alquiler asequible (no más de una 30% de los ingresos), paralización de los desahucios de personas paradas o sin recursos, que la primera vivienda tenga de un carácter de protección legal prioritario, apoyo psicológico a estas familias…

Una familia desahuciada es la expresión de un fracaso de toda la sociedad, que no puede ser indiferente a esta injusticia social y más teniendo en cuenta que los que causaron esta crisis financiera no tienen ninguna responsabilidad y, además, siguen lucrándose. Por eso, hay que cambiar las leyes para amparar a las familias, porque riqueza hay suficientes para todos, se trata de repartirla. Y revindicar esto no significa ser comunista, sino una cuestión de sentido común, de puro sentido común.