Se veía venir. Era cuestión de tiempo. Los intentos iniciales de criminalizar la vasta contestación social del movimiento del 15M han ido teniendo su concreción estos últimos días, una vez que el amplio despliegue mediático y la creciente ola de simpatía que despertaron las protestas hayan ido desgastándose. Sin duda, porque los mismos medios de comunicación que enfatizaron el contenido y formas novedosas de lucha de esa movilización ciudadana, se aprestan ahora, al calor de la inmensa ´marea conservadora´ que desde el 22M inunda la vida política nacional, a poner en cuestión unas formas de protesta que, aun siendo pacíficas, suponen un elemento distorsionante de la paz social. En efecto, el movimiento del 15M, ahora extendido al ámbito de las asambleas de barrio, sigue constituyendo un aldabonazo en las conciencias adormecidas de un cuerpo social que, hasta no hace tanto, daba muestras de una exasperante inanición. Y ahí radica esencialmente su potencial peligro.

Destacados analistas que han intentado diseccionar las entrañas del fenómeno han afirmado que el sistema [político y económico vigente en el mundo] está dispuesto a tolerar ciertas formas de disidencia, siempre que no supongan un estallido social que ponga en peligro la supervivencia del mismo. Las asambleas ciudadanas en las plazas de varias capitales y ciudades españolas en este último mes han sido toleradas en la medida en que, aun con unas reivindicaciones contundentes y claras, han canalizado el descontento ateniéndose a medios pacíficos. La convicción, además, de que estas protestas tenían una fecha de caducidad no se ha correspondido, sin embargo, con la evolución de los acontecimientos. La descentralización de las asambleas hacia los barrios y el inicio de un ciclo de protestas que apuntan directamente a ciertas instituciones y altos responsables políticos están en el origen del nerviosismo que ha cundido en quienes atisbaron, de inmediato, el potencial peligro que puede suponer la perdurabilidad en el tiempo de estructuras organizativas más sólidas, más próximas a los vecinos y a las vecinas, que puedan poner en jaque no sólo los cimientos en que se asienta la actual fórmula de democracia representativa, sino también, al decir de algunos analistas (José Luis Sampedro, Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet…), los fundamentos de un sistema capitalista que hoy, más que

nunca, ´hace aguas´ por todas partes.

Por eso, una forma de desacreditar y deslegitimar este vasto movimiento de contestación social es resaltar los pequeños y aislados brotes de violencia que se solapan con la creciente ola de indignación ciudadana. Hecho que nos causa estupor —cada vez menos sorpresa—, porque el sentido común nos dice que estos grupúsculos violentos de origen incierto no representan de ninguna manera ni la actitud ni los métodos de acción ciudadana de las personas que integran, participan y apoyan al movimiento 15M.

Sin embargo, la derecha política y mediática se ha aprestado a condenar estos hechos. Artur Mas, president de la Generalitat, se ha atrevido a

afirmar que estas acciones violentas han traspasado la línea roja. Pero en este país hay otras líneas rojas que se están traspasando. Cuando los recortes sociales y de derechos laborales golpean con saña a amplias capas de nuestra sociedad, la prevista aprobación del Pacto del Euro el próximo día 27 —medida que viene a completar los recortes sociales y laborales que, desde el Tratado de Maastricht y la Agenda de Lisboa, vienen imponiendo las autoridades comunitarias— añade un componente más de tensión y contribuirá, sin duda, a aumentar las ya de por sí altas cotas de indignación de un sector de la sociedad española que seguirá estando legitimado para expresar en la calle la denuncia «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros», una de las consignas señeras del movimiento del 15M.

Pese a las burdas maniobras tendentes a descreditar y anular este emergente movimiento ciudadano, la razón sigue asistiendo a quienes, con sus contradicciones internas, defendiendo un apartidismo inicial que, sin embargo, podría deslizarse por la senda de un preocupante antipartidismo no discriminante, siguen siendo un referente ético ciudadano que se opone, ante todo, no sólo a las actuales fórmulas caducas de representación política, sino también a la perpetuación de los privilegios de la casta política y económica que rige nues­tros destinos.