La igualdad no es cosa teórica. Muchos son los pasos que se han dado en este sentido, aunque aún faltan, como ahora veremos. Algunos de esos pasos son discutibles. Como el que no existe discriminación si ésta es positiva. Hasta el día de hoy, el artículo 14 de la Constitución española establece la imposibilidad de discriminar por razón de religión, sexo, raza o ideología. Sin embargo, la Ley de Violencia de Género lo hace. Pero al ser una discriminación positiva, en este caso a favor de la mujer, el Tribunal Constitucional ya sentenció que no conculca dicho principio de igualdad de géneros. Será discutible, pero desde luego tiene su sentido si se observa el alto porcentaje de malos tratos del varón sobre la mujer. Lo triste es que mucho me temo que no ha servido para acabar con ellos y menos aún, sorprendentemente, en Comunidades que parecen ser tranquilas como la de Asturias y la de Canarias, que se encuentran al frente de este macabro ránking, que señala que cuanto
más rural es la ciudad o el pueblo, estadísticamente, más se dan los referidos malos trataos.
Pero la igualdad es bastante más que todo eso, que no es poco. Recuerdo que cuando ingresé en la carrera judicial estaba vedado el acceso a quienes tuviesen un defecto físico grave y, por supuesto, psíquico, y a quienes su conducta pudiera suponer una afrenta a los conceptos de la sociedad de aquella época (más de treinta años atrás). Hoy, afortunadamente, los defectos físicos, salvo que impidan desempeñar las funciones
judiciales, no excluyen para ser juez. Los psíquicos sí, aunque, como es sabido, no nos hacen un exhaustivo examen al respecto, si exceptuamos que debes saberte de memoria casi quinientos temas, para ingresar en la carrera. Y lo que es peor, después tampoco. Aunque
todo esto está cambiando, si atendemos a la nueva normativa ya aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, consistente en que los jueces pasemos un examen médico de vez en cuando. Algo tan elemental como extraño esque no se haya hecho hasta ahora.
Lo que sin embargo desgraciadamente no cambia es que seamos autoridad cuando conviene, por ejemplo para no poder realizar una huelga legal y, sin embargo, se nos considere funcionarios cuando nos tienen que bajar el sueldo. Pero lo que es ya algo, diría yo, llamativo, es que un juez (mejor jueza, porque ya van siendo más que los hombres en esta carrera), no tenga derecho a una jornada reducida en su trabajo como cualquier empleado del sector público (recuerdo nuevamente que sí lo somos para otras cosas), que ostenta un derecho a reducir su jornada laboral para el cuidado y crianza de sus hijos. La jueza número uno de la promoción número 57 de jueces tuvo por primera vez una hija el pasado año. Solicitó la reducción de jornada y de salario en un 30%, y hasta ahora por silencio administrativo, no se lo han concedido, por ser algo «insólito y desconcertante». La jueza pide una solución con cierta urgencia (a ser posible antes de la primera comunión de si hija), pues
tiene que planificar a su familia y a su juzgado.
Esperemos, pues, que la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial y el reglamento del mismo dispongan de una solución. Sólo se me ocurre pensar que lo insólito no es la petición, sino la no solución rápida a la misma. Y, sobre todo ¿todas las profesiones tienen los mismos derechos?
