Este año celebramos de nuevo el Día Internacional del Trabajo y lo hacemos, otra vez, con el telón de fondo de una crisis que no acaba de marcharse, al menos para los sectores más humildes de la población.

Por desgracia, nos ha tocado a los de siempre recoger las tempestades que sembró un modelo de crecimiento basado en el ladrillo, el empleo precario, el adelgazamiento del Estado y la pasividad política frente a la irresponsabilidad desbocada de un sistema financiero basado en la especulación.

El resultado ya lo conocemos todos: las rentas del trabajo han ido progresivamente perdiendo terreno y el desempleo ha tocado techos impensables; entretanto, el sistema financiero y las grandes empresas, han salido, no sólo indemnes, sino hasta con beneficios en muchos casos, aunque eso sí, a costa de hundir a trabajadores, autónomos y pequeñas empresas en una crisis social sin precedentes.

Mientras la treintena de empresas que acumulan el 40% de todo el PIB español mostraban al mundo los beneficios multimillonarios obtenidos en 2010, los datos sobre nuestro mercado de trabajo no dejan de superar récords negativos y las políticas de ajuste recaen únicamente sobre los derechos laborales, las coberturas sociales y los servicios públicos.

Tras la firma del Plan de gobernanza económica y del Pacto del Euro, los salarios, el gasto social y los servicios públicos vuelven a estar en el punto de mira. Aunque pudieran parecernos lejanas, las decisiones que se toman a nivel europeo tienen un traslado inmediato a las de ámbito local, de forma que la marcada orientación antisocial que están tomando esas decisiones suponen, de nuevo, una severa amenaza para los derechos de los trabajadores.

Y es que no sólo son preocupantes las medidas que se están poniendo en marcha, también las que no se ponen, porque ni en una sola cumbre transnacional o reunión a nivel europeo se han arbitrado soluciones contra las altas tasas de desempleo o el crecimiento de las desigualdades y la pobreza en nuestro continente y eso, con casi ochenta millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza en Europa resulta, como poco, un ejercicio de cinismo bochornoso.

Así, la orgullosa Europa democrática, la vieja Europa social, se está convirtiendo en un animal acorralado por el poder omnímodo de los mercados y va dejándose en el camino, hasta la identidad. Paradójicamente, cada vez que los recursos escasean, los primeros derechos que se atacan son los que tienen que ver con esa concepción social del Estado, los que aseguran la redistribución de la riqueza, la igualdad y el acceso a los servicios esenciales, en fin, los que más imprescindibles se vuelven para los ciudadanos en épocas de recesión.

El problema es que se han obviado deliberadamente las causas de esta crisis, en vez de actuar con decisión sobre ellas. Si España y la Unión Europea se han visto lastradas por la falta de demanda y el bloqueo crediticio ha sido, principalmente, por el aumento del desempleo y por la inestabilidad de un sistema financiero que estuvo años jugando a la ruleta rusa.

En consecuencia, la recuperación del empleo debería ser el punto de partida de la gobernanza económica tanto en Europa como en España. La reforma laboral ha demostrado su inutilidad para frenar la destrucción de empleo por lo que sólo ha degradado las condiciones de trabajo, a cambio de nada. Si ahora se actúa también sobre los salarios para reducirlos, en primer lugar, es dudoso que eso repercuta en la mejoría de las exportaciones (véase, por ejemplo, el bien documentado caso de Alemania, cuyo auge exportador tuvo más que ver con el crecimiento de los mercados importadores que con la moderación salarial experimentada en los últimos años: lo que salió de los salarios no rebajó los precios, simplemente fue a parar a los beneficios empresariales). Y, en segundo lugar, el golpe que se asestaría a la demanda interna (principal sostén de una economía como la nuestra) nos dejaría probablemente en KO técnico.

Por otro lado, las entidades financieras no pueden seguir actuando como hasta ahora. Algún coto habrá que poner a la especulación, así como alguna contraprestación tendrán que tener los miles de millones que los ciudadanos nos hemos visto obligados a poner a su servicio; al menos, la de facilitar el acceso al crédito a familias y pymes.

Sin embargo, parece que los políticos insisten en distanciarnos cada vez más con sus decisiones, gobernando de espaldas a los ciudadanos y mostrándose dispuestos, únicamente, a adoptar soluciones cortoplacistas y desequilibradas, que sólo supongan sacrificio a una de las partes.

Lo hemos vivido muy de cerca en nuestra Región, cuya política de excesos y descontrol urbanístico ha dejado en números rojos las cuentas públicas y muy debilitada nuestra capacidad de recuperación, enormemente lastrada por un desempleo que se ha visto triplicado en apenas tres años, por medidas como el famoso ´tijeretazo´ con el que se han perjudicado directamente las condiciones de trabajo de 55.000 empleados públicos y por el cerrojazo que ha caído sobre la inversión pública y el gasto social.

Por todo ello, hoy, las organizaciones sindicales de clase, confederales, UGT y CC OO, con la confianza de más del 80% de los trabajadores y trabajadoras de España, no podemos dejar pasar la oportunidad de volver a exigir que la política económica se reoriente, de una vez, hacia las personas, volver a exigir la rectificación de la reforma laboral y el cese de los recortes generalizados que se avecinan contra nuestros derechos y coberturas sociales, desde las prestaciones de la Seguridad Social hasta los servicios públicos regionales o los logros conseguidos a través de la negociación colectiva. Este es nuestro primero de mayo de 2011.