MOROSIDAD, DÉFICIT Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cuando hace unos días la consejera de Economía y Hacienda anunciaba que la Comunidad retomaría el pago de deudas pendientes (tras lo que, eufemísticamente, ella misma había calificado de ´cierre de caja puntual´), los empleados encargados de atender a los acreedores vieron sobrepasadas sus posibilidades ante tamaña avalancha de reclamantes.

Son muchos miles los autónomos y pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiados económicamente por la alta morosidad de la Administración regional; en no pocos casos, el retraso en los pagos se prolonga incluso más allá de los seiscientos días (que no es moco de pavo).

Las palabras de la consejera, lejos de materializar la solución al problema de estos acreedores, sólo han generado falsas expectativas y una enorme presión sobre los empleados públicos encargados de atenderlos, que difícilmente consiguen calmar el natural nerviosismo y desesperación de quienes ven cómo se esfuman, una vez más, sus posibilidades de hacer efectivo el cobro de las deudas que les están ahogando.

El enorme descalabro de las cuentas públicas regionales, sobre las que pesa una desviación oficial entre ingresos y gastos de 1.215 millones de euros, está desplegando todos sus negativos efectos sobre la sociedad murciana, y multiplicando sobremanera las dificultades para remontar la crítica situación en la que nos encontramos. A pesar de que las Comunidades autónomas asumieron el compromiso de situar el techo de déficit en un 2,4% de su PIB al cierre de 2010, el déficit público de la Región de Murcia llegaba al 4,95%, convirtiéndola en la segunda Comunidad autónoma con mayor déficit relativo, y en una de las pocas que incumple en este momento los objetivos fijados.

Con este punto de partida, difícilmente puede aventurarse que la Región de Murcia vaya a lograr situar su déficit por debajo del 1,3% a que se comprometió para finales de 2011 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la conformidad de nuestra consejera. Ni siquiera con los injustos recortes que se han introducido en el empleo público y en los servicios públicos regionales, que, lejos de destinarse al mantenimiento de la protección social y la inversión productiva, sólo han servido para seguir alimentando un gasto corriente desbocado que, como todos sabemos, seguirá cobrándose víctimas entre las decenas de miles de puestos de trabajo que directa e indirectamente conectan con las cuentas públicas regionales.

Recientemente, el señor Valcárcel, en el contexto de una conferencia-coloquio organizada por el diario Abc, ante la presencia de Mariano Rajoy, apuntó, respecto a los servicios básicos que constituyen la educación, la sanidad o la dependencia, que «es muy necesario plantear que los ciudadanos tengan también que asumir el coste de estos servicios, en el porcentaje que sea». No es necesario un análisis freudiano de las palabras del presidente para llegar a la conclusión de que aludían a lo que todos conocemos como ´copago´, por más que se hayan apresurado a desdecirlo miembros de su partido, y hasta él mismo, seguramente después de haber sido llamado al orden ante la inoportunidad de sus reflexiones, precisamente en periodo electoral. Y, curiosamente, determinados sindicatos independientes no han dicho ni pío respecto a esta ocurrencia de hacer pagar dos veces por los servicios públicos a los ciudadanos económicamente menos favorecidos (que son los que real y mayoritariamente hacen uso de ellos). Sin embargo, les faltó tiempo para pronunciarse en contra de la propuesta que hicimos los sindicatos de clase sobre una posible y asumible elevación de la imposición a las rentas más altas (que se acompañaba también de una eliminación de gastos ineficaces e innecesarios), a fin de evitar el Tijeretazo a 55.000 familias de la Región de Murcia. Parece ser que a estas organizaciones, en realidad, no les molestan los impuestos, siempre que los paguen los que menos tienen y no al revés.

Estas posiciones, ya sean conscientes o venidas del subconsciente, no son más que la confirmación del serio peligro que atraviesan en este momento los servicios públicos de la Región, tanto por el catastrófico estado de las cuentas públicas como por los planteamientos interesados e insolidarios de quienes en este momento los dirigen. Resulta inaceptable observar cómo, una vez tras otra, el Gobierno traspasa la factura de una mala gestión económica a los ciudadanos de a pie, recortando derechos a los trabajadores y avanzando, cada vez con más descaro, hacia la privatización, hacia el desmantelamiento de servicios públicos tan esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia. Servicios que ya sufragamos todos a través de nuestros impuestos y que constituyen un derecho consustancial de ese Estado del bienestar, solidario, que no podemos permitir que retroceda.

El tiempo apremia. Las vías de solución existen, las alternativas están ahí: que se lo pregunten a esos países europeos con políticas públicas que hace ya algún tiempo les hacen crecer; o a determinadas regiones del Norte de España. Pero para ello es necesario poner rumbo hacia otra forma de gobernanza económica que, de una vez por todas, reequilibre ingresos y gastos de forma sostenible y justa para todos.