Pedro M. Vicente Vicente es Coordinador del Área Pública de CC OO Región de Murcia

La Ley de Medidas Extraordinarias (LME) aprobada súbitamente por el Gobierno regional el pasado 23 de diciembre sorprende por diversas razones y define a la casta política cuajada durante el ya demasiado prolongado mandato del presidente regional.

Sorprende la brutal agresión infringida a los empleados públicos murcianos, funcionarios o laborales, que ya recibimos un recorte salarial enmarcado en el Plan de Ajuste del Gobierno Zapatero, duro y merecedor sin duda de una respuesta más contundente. El Plan de Ajuste asumía el guión del FMI y el Banco Mundial para imponer el modelo neoliberal desde hace treinta años. Sin embargo, la LME suma un nuevo recorte salarial, elimina todos los acuerdos sindicales firmados en los últimos trece años provocando un retroceso inédito en las condiciones de trabajo, y añade una penalización de las situaciones de enfermedad y accidente que hace retroceder las condiciones sociales en más de medio siglo.

Sorprende la vejación y escarnio público proyectados por el Gobierno Valcárcel sobre los trabajadores de la Administración, tachados de vagos, gandules y absentistas para justificar lo injustificable ante una opinión pública alimentada así en sus más bajos instintos y más arraigados prejuicios. Esgrimir en el preámbulo que la LME pretende mejorar la prestación del servicio público ofende al sentido común. Si mejora cuanto peores son las condiciones laborales ¿dónde acabará la búsqueda de la excelencia administrativa, educativa o sanitaria?

Sorprende lo inadecuado de las medidas respecto de su finalidad, la reducción del déficit público vía disminución del gasto, pues no afectan a ninguna de las conocidas y habituales fuentes de despilfarro de los caudales públicos y, por contra, recortan severamente la capacidad de consumo de cerca de 60.000 familias, hecho que repercutirá inevitablemente en una contracción de la demanda y por ende en un aumento del cierre de empresas y del desempleo. Es decir, en un aumento del gasto social y una disminución de la recaudación.

Sorprende porque sabiéndose que la LME busca satisfacer las exigencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto al nivel de déficit que permita emitir nueva deuda pública, lo inadecuado de las medidas hará imposible que el ministerio de Economía caiga en el engaño. En tal caso, el agujero en los presupuestos de 2010 no podrá ser tapado con el empréstito de quinientos millones de euros.

Sorprende porque la LME destapa ante la opinión pública la nefasta gestión del presupuesto de 2010 y la incapacidad gubernamental para adoptar medidas eficaces sobre contención del gasto o mejora de los ingresos. ¿Qué han hecho durante todo 2010 si no han gobernado? ¿Ignora el Gobierno Valcárcel que los empresarios murcianos son pobres de solemnidad, si creemos lo que declaran a Hacienda? ¿Ha impulsado el consejero Sotoca la acción de la inspección de trabajo para destapar la economía sumergida o más bien la ha neutralizado?

Sorprende porque la aprobación de la LME deja desnudos los increíbles y efímeros presupuestos de 2011, rectificados mayúsculamente al día de ser aprobados. Semejante autodescalificación ha desvelado que la consejera de Hacienda incluye partidas de ingresos improbables y otras imposibles, como los 211 millones que prevé recibir, sin base ni justificación algunas, del Gobierno central, y que todo el mundo, menos doña Inmaculada García, sabe que nunca serán ingresados así sólo sea porque no corresponde. Antes de comenzar el ejercicio fiscal incumplen las previsiones de déficit.

Sorprende porque Valcárcel entierra quince años de diálogo social, consensos y acuerdos. La derogación de ¡dieciséis! acuerdos sindicales y del Acuerdo de las 35 horas por sorpresa y a traición, mediante un medio de excepción, crea un marco de falta de credibilidad difícilmente reversible. Valcárcel se ha anulado como interlocutor válido para cualquier negociación futura: ¿qué valor tendrá un acuerdo con su Gobierno? ¿cuánto tardará en ser anulado? Al mismo tiempo, golpear tan duramente a los sindicatos, buscando dejar inermes a los trabajadores frente a la agresión, le priva de interlocutor en la parte social y certifica la práctica de la imposición por sistema. El fin de la paz social está servido y con él la inevitable generalización del conflicto.

Sorprende, por último, la falta de cálculo político y de percepción de la realidad social en la Administración. Valcárcel ha valorado la débil respuesta al Plan de Ajuste de Zapatero, indicativo de apatía y desmovilización, sin calcular el grado de hartazgo entre los trabajadores de la Administración regional. Por eso los días pares ofrece diálogo sobre la aplicación de las medidas y los impares dice que no cederá ante la presión. Ha menospreciado la repercusión de la medida en un personal hastiado de incumplimientos y de soportar una campaña sostenida de descrédito social. Ha perdido pie en el fondo, la amplitud de las medidas, y en las formas. El inicio del fin de una época.