Se colmó el vaso

Viene a colación esta introducción por la tendencia creciente en la España de hoy, inmersa en una crisis económica, social y política de imprevisible salida, a criminalizar a determinados colectivos (sindicatos, controladores aéreos, empleados públicos…), sin duda para justificar las gravísimas medidas antisociales que se están aplicando. El mecanismo es siempre el mismo: se distorsiona la realidad, se presenta una imagen injusta y falseada de esos colectivos y se les hace aparecer como detentadores de privilegios, con la idea de alimentar el rechazo social generalizado por parte de la población. A continuación, si la respuesta social se aparta de los cánones políticamente establecidos como correctos, la acusación de que practican la violencia está servida.

Ésta ha sido justamente la situación que se ha vivido en los últimos días en la Región de Murcia. Las severísimas medidas de ajuste que el Gobierno autonómico aprobó en la Asamblea Regional en la sesión del pasado jueves, día 23, no podían sino provocar el rechazo general de los empleados y empleadas públicos, no sólo por el alcance que éstas tienen en las condiciones laborales de los mismos, sino por las evidentes repercusiones negativas que aquéllas van a ocasionar en las cada vez más debilitadas prestaciones sociales básicas, así como en la Sanidad y en la Educación. Por ello, acudí a la concentración del pasado miércoles en la plaza de San Bartolomé y, al día siguiente, a las puertas de la Asamblea Regional de Cartagena. Quería estar junto a mis compañeros y compañeras de la Enseñanza, y quería compartir mi malestar con el de los demás empleados públicos que secundaron las protestas. Vi mucha indignación, pero la violencia, en contra de lo que se haya podido pensar, a partir de lo publicado en esos días, no era la norma. Cuando se reúnen varios miles de personas, todo puede ocurrir. Pero concluir que el hecho de increpar a alguien, hacer estallar unos petardos o lanzar unos huevos sobre la fachada del edificio de la Asamblea Regional son manifestaciones de violencia —sin duda para extender la idea, sin afirmarlo rotundamente, de que ésa fue la actitud de la mayoría de las personas manifestantes—, además de constituir una injusta apreciación de lo que esos días aconteció en las calles de Murcia y Cartagena, oculta el hecho de la grave situación que viene soportando la mayoría de la población de esta Región.

En mi último artículo, Sin rumbo ni horizonte, esbocé algunos de los más graves problemas que nos aquejan. Se temía el estallido social. Y empieza a vislumbrarse. Pero ¿esas concentraciones fueron violentas? En caso afirmativo ¿acaso no se ejerce violencia sobre quien se ve abocado al fin de las prestaciones por desempleo sin poder alimentar a su familia? ¿No hay violencia cuando un mandato judicial deja sin vivienda a quien no puede seguir pagando al banco los plazos del préstamo hipotecario? ¿Entenderíamos que un joven, suficientemente preparado, perciba como violencia el hecho de que, como única opción de trabajo, se le ofrezcan contratos ´basura´? ¿Y qué decir del 40% que no puede siquiera acceder al mercado laboral? ¿No es violencia, en sí misma, la extrema pobreza que, cada día más, afecta a miles y miles de familia de esta Región? Y en relación con los empleados y empleadas de la Administración regional ¿no es violento el hecho de que una ley, aprobada a toda prisa, deje sin efecto el cumplimiento de anteriores compromisos contraídos con esos colectivos tras arduas y, a veces, duras negociaciones?

Las concentraciones de días pasados en las calles de la Región distan mucho de ser consideradas violentas; fueron, ni más ni menos, producto de unas actuaciones que podemos considerar la gota que colmó el vaso de la paciencia de un sector de la ciudadanía.

El verdadero estallido social, de no cambiar las cosas, está por llegar.