Estoy convencido de que los recortes de derechos no crean empleo, de que la inseguridad laboral no genera mayor competitividad y de que la reducción de la protección social siempre se traduce en una menor cohesión del país (...) Os aseguro que, con mi Gobierno, la crisis no se va a convertir en la ocasión para recortar derechos y prestaciones sociales. Intervención del presidente del Gobierno de España en la sesión de apertura del 40º Congreso Confederal de UGT, 1 de abril de 2009.

Es necesario fijarse muy bien en la fecha de estas declaraciones para no caer en la tentación de pensar que estamos hablando de otro país.

Ha pasado algo más de año y medio, y sobre esas promesas y convencimientos se ha construido un edificio económicamente ruinoso, plagado de injusticias sociales para trabajadores, pensionistas, empleados del sector público y ahora también para las personas desempleadas. En el camino nos hemos encontrado con una reforma laboral que, lejos de crear más empleo y más estable, incrementa el número de parados y aminora la contratación indefinida, en un marco general de abaratamiento del despido y ataque a las condiciones dignas del trabajo. Hemos sufrido la congelación de las pensiones y la paralización de la inversión pública, y ahora se anuncia el final de la prestación de subsistencia e inserción para los parados que han agotado todas las prestaciones y el subsidio; al tiempo, se anuncia una improductiva rebaja en el Impuesto de Sociedades.

Cualquiera que aterrizara en nuestro país después de vivir en otro mundo sólo se le ocurriría pensar que han sido todos los citados y los trabajadores mileuristas los responsables de la peor crisis de los últimos ochenta años, y que el sistema financiero y los especuladores inmobiliarios están padeciendo las consecuencias. No cabe pensar de otro modo, si tenemos en cuenta que simultáneamente a los recortes sociales se ha producido generosas aportaciones públicas a la banca para su ´saneamiento´, rebajas de impuestos para las empresas y facilidades para que despedir sea más ágil y barato.

Medidas así no se justifican ni desde la lógica económica ni desde el equilibrado reparto de sacrificios. Quebrar el proceso de cohesión social de nuestro país, que nos acercaba lentamente a niveles de los países más avanzados de Europa, haciendo caer todo el peso de la crisis en los más desfavorecidos, supone retroceder a etapas donde la protección de las oligarquías político-financieras era la razón última del Estado.

El empleo precario y el despido barato no generan competitividad en las empresas, la pérdida de ingresos de trabajadores públicos, desempleados y pensionistas hace caer la demanda interna, y las rebajas impositivas a las empresas no las convierten en generadoras de empleo. Y para mal ejemplo, Irlanda, ensalzada hasta muy poco tiempo por los defensores de la desregulación social y los privilegios empresariales.

Según los resultados que se desprenden de la Contabilidad Nacional del año 2009, los beneficios de empresas y profesionales autónomos bajaron un 1% respecto al valor de 2008, mientras que la remuneración de los asalariados se redujo un 3%. Por tanto, los trabajadores han perdido el triple que los empresarios en términos de participación en la riqueza nacional.

La trayectoria de movilizaciones desarrollada durante la crisis ha tenido su punto álgido en la Huelga General del pasado 29 de septiembre. La insistencia de los Gobiernos, también de los regionales, en seguir repartiendo injusticias, nos obliga y nos aconseja seguir manifestando nuestro radical desacuerdo con ellas. La primera movilización, el próximo miércoles 15 de diciembre, para manifestar el rechazo de los trabajadores y de los ciudadanos europeos a los recortes sociales, a estos ajustes de los Gobiernos rendidos ante los mercados de capital, para mostrar que existe otra forma de afrontar esta situación y para frenar una espiral que no sabemos cómo puede acabar.

Y del sábado 18 de diciembre, mediante una masiva manifestación por las calles de Murcia, debemos hacer una jornada de contestación ciudadana en la que se ponga de manifiesto el peso y la legitimidad de la democracia frente al poder opaco de los mercados.

Debemos recordar a los gobiernos y a los poderes financieros que el poder legítimo reside en los ciudadanos y su voluntad democrática. Parafraseando a Abraham Lincoln, en su «Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo».