Era de esperar, al menos por mi modesta parte, que regalaran de nuevo un billete a bordo del tren de la discriminación. Este Gobierno no ha hecho sino seguir una doctrina no escrita que consiste en marginar por sistema al Sureste español —eufemismo ampliamente usado para designar las provincias de Murcia y Almería—. Si analizamos las inversiones en España desde la llegada de la democracia nos daremos cuenta de que los planes de infraestructuras configurados por la Administración central se han diseñado aplicando un factor de corrección —invisible, pero sí perceptible— cuya tasación está acorde con los cálculos electorales y que tiene como resultado la penalización de unos pocos —saben ustedes muy bien de quiénes—. Los seres pagadores de impuestos que vivimos en esta parte de la península –ya no somos políticamente ni ciudadanos— nos hemos trasformado a ojos del Estado en entes de tercera. Una especie extraña e ilusa que ha de conformarse con las sobras del resto sumisamente ante un maltrato que han llevado con guante de hierro tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular. Las hemerotecas murcianas están colmadas, para vergüenza y expectación de todos, de proyectos y promesas que engordan el cajón del olvido. Promesas que nacieron mudas o enmudecieron ante el pasotismo social intrínseco de la ciudadanía murciana ayudadas, eso siempre, por la falta de voluntad política del Gobierno de la nación.

Para que el lector se pueda hacer una idea muy gráfica de cómo se percibe a la Región de Murcia desde el ministerio de Fomento se la podría comparar con un apéndice incómodo e infectado, a caballo entre la rica y potente Comunidad Valenciana y el sempiterno feudo socialista —más bien cortijo— que es Andalucía. Esto nos aporta un estatus único de invisibilidad política que no ha sido superado ni por el islote de Perejil.

Muchos de los que este artículo lean, si echan la vista atrás, recordarán cómo en la década de los 80 mientras España avanzaba a pasos agigantados en materia de carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles la Región era pateada —en el sentido inversor del término— sucesivas veces por la Administración de Felipe González. De este modo en 1985 se cerró la línea Lorca-Baza que conectaba el Levante con Andalucía desviándose ese tráfico a través del nudo de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) —desde entonces sigue así— y condenando a las comarcas del Guadalentín y el Almanzora a la más paupérrima de las miserias en lugar de establecer un potente corredor ferroviario mediterráneo para mercancías y pasajeros —como, por cierto, plantea hoy FERRMED y apoya la Unión Europea—. El tramo Murcia-Lorca-Águilas lo tuvo que asumir la Comunidad Autónoma para evitar una debacle. En aquel momento se decidió cerrar una serie de líneas sin ninguna benevolencia y, sin embargo, sobraron escrúpulos para presupuestar el AVE Madrid-Sevilla en un montante notablemente superior al real y establecer comisiones presuntamente fraudulentas, como denunció la prensa. Estaba claro que los murcianos no merecíamos infraestructuras ferroviarias —y no ferroviarias— de calidad.

Las década de la movida y la de la España olímpica y universal trajo consigo en lugares igualmente gobernados por el PSOE una estampa bien distinta. Se renovaron trazados ferroviarios desdoblándose y electrificándose, como es el ejemplo de la vecina Comunidad Valenciana, sin afectar paradójicamente —¿casualidad?— a la línea de Murcia. De este modo los usuarios de esas líneas comenzaron a disfrutar de modernos servicios como el Euromed, un tren de alta velocidad que conecta Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona además de ver electrificadas y desdobladas las conexiones con Madrid. Para Murcia se enviaron los convoyes mugrientos, previa mano de pintura, y se llegó a esgrimir el cierre de la línea Murcia-Chinchilla y la desviación de ese tráfico por Alicante. También fulminaron los talleres de Renfe en Águilas.

Con el gobierno de Aznar las cosas no fueron mejor y persistió esa característica insensibilidad, aunque al señor Ayala se le olvide. El Partido Popular prometió un proyecto de Metrotren, cuyos carteles languidecieron en la estación de Murcia del Carmen durante años. No desdobló ni electrificó un solo kilómetro de nuestra miserable red ferroviaria —sobre todo, en la legislatura de la mayoría absoluta— y, lo que es peor, impuso un trazado de alta velocidad recogido en el Pacto de San Esteban, Pacto de Murcia o ´Harakiri con zarangollo´, que en nada nos beneficiaba. Además, dejó sin resolver la cuestión de los servicios de cercanías a corto y medio plazo, los peores de toda España —en una de las áreas metropolitanas más pobladas—, lo que poco o nada pareció importarle al entonces excelentísimo Álvarez Cascos a la hora de clavar el puñal.

Aquel acuerdo fue la venida del fantasma de la planificación ferroviaria del 87 y perpetuó para siempre nuestro carácter de apéndice inútil a través del nudo de La Encina (Alicante). La conexión Murcia-Albacete por Cieza —que ha pasado a rellenar el vacío de debate de esta Comunidad— quedó relegada a una posterior realización sine die —vulgo ´cuando Dios quiera´— y únicamente en términos de altas prestaciones, lo que viene a ser un sucedáneo azucarado que significa que, en lugar de tener unas vías de enclave tercermundista como las actuales, tendremos en un futuro incierto otras como las que disfrutan en muchos lugares de España desde hace más de veinte años, pero sin llegar a ser como las del AVE Madrid-Sevilla.

Esto fue, en resumidas cuentas, lo que Valcárcel firmó con sus compañeros de partido Ruiz-Gallardón, Álvarez-Cascos y Zaplana junto con el añadido socialista de Bono y la conformidad de Chaves —el ramal con Almería iba en el paquete— a cambio de que todos los tramos se construyeran simultáneamente. Con nuestros antecedentes de penurias ferroviarias me cuesta imaginar qué clase de insulso podría haber contemplado semejante visión.

La hipocresía debe estar devorando la sustancia gris de muchos y provocándoles una amnesia selectiva. Todos andan martirizados por el anuncio de José Blanco de eliminar el tramo de Murcia-Albacete, el del horizonte indefinido. El señor González Tovar promete el AVE para 2014, pero él sabe muy bien que en el mejor de los escenarios llegaría a través de Alicante, pues así se acordó en 2001, y lo haría sólo a Murcia y a una estación provisional. Nada que ver con lo que ocurre en Albacete, Valencia o Cuenca, cuyas estaciones están muy avanzadas. Quedan todavía en el tintero oscuras cuestiones como los soterramientos o la conexión con Andalucía —más importante hoy que el ramal por Cieza pues éste le ha cedido indebidamente el protagonismo a La Encina—.

Las obras de la variante de Camarillas no son más que un pretexto para justificar lo injustificable: que los políticos murcianos han sido unos pésimos negociadores que han desaprovechado años de bonanza muy preciados y que en cuanto reclaman lo que es de justicia afloran las amenazas clásicas de los de arriba —sea PP, sea PSOE— de cerrar el grifo del agua —literalmente— espetando una de ´esto o nada´. ¿Qué pasaría si nosotros respondiéramos en un despacho con una moneda de cambio similar? El gaseoducto o una dimisión en masa, por ejemplo. Faltan agallas y sobran labia y crisis para ello. Gracias a esta política de lacayos Murcia lleva décadas siendo la moza lozana española que se cambia de enaguas, refajos y cucos para que el caballero de turno en el trono del poder ejerza su derecho de pernada, el lus Primae Noctis. Y yo que pensaba que esas cosas sólo existían en las novelas históricas.