Qué pudor, y hasta miedo, me ha dado escribir el título! ¡Qué retroceso social supondría semejante ausencia! Cuántos miles de obreros (incluidos sus representantes legales), han escrito en la historia de España páginas completas de lucha y de reivindicación, de progreso social; cuántos han sido reprimidos, injusta y sumariamente privados de libertad, cercenando sus vidas, sus aspiraciones y las de su familia; cuántos incluso han perdido la vida por el bienestar social de los demás. ¡Menudo compromiso! La Guerra Civil, la dictadura, las penurias, la difícil transición, el diálogo social, la Constitución... Cuántas conquistas nos han puesto en bandeja tantos y tantas que nos anteceden. Derechos consolidados, como el de libertad de expresión, por el empeño sindical de hombres y mujeres. Cuánto respeto les debemos...

La difícil tarea sindical y los sindicalistas que la desarrollan, suelen ser objeto de críticas negativas (a mi juicio desmesuradas), y provocan cierto rechazo y reprobación normalmente en parcelas intolerantes de la sociedad, en quienes propician la desregulación laboral, social y económica frente a la intervención protectora del Estado, en quienes prefieren el individualismo desprotegido frente a la unión de los trabajadores y trabajadoras; en grupos de poder económico y en sectores interesados, en definitiva, en el enfrentamiento desigual entre obrero-patrón o administrado-administración. Es el mal ambiente que tiene que soportar la tarea sindical, especialmente en estos momentos de mayor necesidad de defender los derechos e intereses de los más desfavorecidos. Y créanme que entiendo que valorar críticamente la labor sindical es tan legítimo como positivo para los sindicatos y para sus representados, como lo es sin duda en cualquier actividad profesional o social. Encontrar errores es tan fácil como humano y debe servir para impulsar nuevos modos y mejoras. Por el contrario, generalizar la descalificación de los representantes de los trabajadores, como hacen algunos columnistas, como hacerla de abogados, periodistas o de cualquier oficio, sería tan injusto como erróneo.

Si con la participación y vigilancia de las organizaciones sindicales (también de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la de Hacienda) la situación económica, laboral y social se puede pintar de la actual guisa, sin ellas ¿cuántos parados añadidos existirían? ¿cuántos con indemnización? ¿existirían las prestaciones de desempleo como las conocemos ahora? ¿y la seguridad y salud laboral en las empresas? ¿y los salarios, las pensiones? y… las condiciones de trabajo en general de nuestros padres, hijos o familiares trabajadores o pensionistas.

Especialmente en un momento como éste, con partidos políticos enzarzados permanentemente en una lucha electoral egoísta, con poderes públicos desleales entre sí, con ventajistas profesionales de cualquier situación, aunque sea en crisis profunda y persistente; con un Tribunal Supremo y con un Tribunal Constitucional objeto de críticas sin precedentes... en un momento como éste, las organizaciones sindicales, desde la responsabilidad del diálogo y con su capacidad de propuesta, desde el equilibrio y la responsabilidad social, y como casi única instancia de protección que asiste a trabajadores y trabajadoras, son más necesarias que nunca.

Dos de las mayores críticas que se hacen a las organizaciones sindicales son la percepción de subvenciones finalistas para la formación y la escasa capacidad de respuesta ante los acontecimientos sociales. Algunos llegan a asociar la segunda crítica a una consecuencia irremediable de la primera. En este país (y en tantos otros), las organizaciones sindicales, como prácticamente la totalidad de las entidades e instituciones públicas y privadas, suelen percibir fondos destinados a la promoción y ejecución de actividades de interés público. Es la actividad de fomento tan extendida y practicada por la Administración pública desde hace algo más de un siglo. En las organizaciones sindicales se reciben subvenciones, con objetivos finalistas; se reciben en organizaciones empresariales, empresas, asociaciones de vecinos, economía social, partidos políticos, empresas editoriales, confesiones religiosas, sardineros y peñas huertanas, y un sin fin de organismos, entidades y personas individuales. Y no cuestiono en este momento la utilidad social de estas ayudas públicas, aunque de algunas podríamos hablar.

La clientela abonada a la crítica de cualquier cosa que huela a sindicatos no quieren entender (tampoco les interesa) que con esos fondos públicos se desarrollan actividades tan importantes para todos como el diseño y la realización de itinerarios de formación y orientación profesional gratuitos para desempleados, por ejemplo, que benefician a miles de trabajadores, con dificultades de inserción laboral y en situación de desempleo de larga duración. Se atiende a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a mujeres, a jóvenes. Y ello no nos impide ejercer adecuadamente nuestras funciones; al contrario, completa la voluntad sindical de apoyar a los más desfavorecidos y ofrecer recursos tanto a trabajadores en activo como a desempleados. No he oído reparo alguno por igual razón al señor Díaz Ferrán, o al señor presidente de…. lo que sea.

La otra reprobación, la de la falta de respuesta, es absolutamente incierta. En 2009 las organizaciones sindicales, además de las sectoriales, hemos convocado seis movilizaciones de carácter general. Para los de la clientela, si no se convoca una movilización es por un supuesto seguidismo con el Gobierno de turno o porque se carece de capacidad de respuesta. Si se convoca una movilización: no es el momento, o los sindicatos no me representan... Anteponemos el diálogo al conflicto. Lo hemos demostrado en todo momento, y en éste también. Salir de la situación de crisis requiere diálogo y consenso, si es posible, y acierto en las decisiones. Cuando las políticas que se van a desarrollar estimamos que no son las adecuadas, actuamos democráticamente en nuestras organizaciones y decidimos la convocatoria de acciones sindicales de rechazo a tales medidas, con el objetivo de que se modifiquen o maticen aquellas acciones.

Cuando un sindicato, un trabajador o trabajadora o un ciudadano ejerce un derecho fundamental, el de afiliarse o no, o el de manifestarse o no, el de convocar o no convocar una huelga, o el de participar en ella o no hacerlo, se respeta, igual que respetamos la libertad de expresión. Las descalificaciones y demagogia por el ejercicio de estos derechos fundamentales puede que sirvan para mantener fervor en audiencias poco exigentes, pero no son de utilidad para afianzar nuestra convivencia constitucional.