La represión no es la solución

Nuestro grito de guerra no ha de ser pedir que un niño de doce años ingrese en prisión, sino la inversión en políticas educativas de calidad que nos ayuden a erradicar la violencia entre los más jóvenes

Parece que últimamente el debate sobre los menores infractores está candente en la calle, en la actualidad social y política, como si de un tiempo a esta parte nuestros jóvenes fueran un grupo de monstruos peligrosos de los que nos debemos proteger. Pero si hacemos un análisis más allá de lo meramente mediático, nos encontramos con un país donde la prevención brilla por su ausencia o, como mínimo, por su escasez, sobre todo en aquellas zonas deprimidas y marginales donde se hace más necesaria si cabe.
La sociedad en general y los padres y cuidadores en particular tenemos la obligación moral de preguntarnos en qué estamos fallando y reflexionar sobre el modelo educativo y de valores estamos transmitiendo a las generaciones más jóvenes. Nuestros niños y adolescentes acumulan en sus cortas vidas un alarmante número de horas de violencia transmitidas fundamentalmente por los videojuegos, la televisión o el cine. Sin darnos ni cuenta, los menores están asimilando la violencia como algo cotidiano y habitual en la vida diaria, perdiendo toda capacidad de crecer dentro de unos valores y normas básicas de respeto por los demás.
La represión no es una medida eficaz para corregir conductas antisociales. Castigos y represalias con frecuencia, lejos de disminuir estas conductas, tienden a intensificarlas. Es necesario, conocer las causas sociales, familiares, etc, que llevan a un menor a cometer actos delictivos y después actuar con medidas educativas que corrijan esas conductas desviadas. Una vez más, los que nos gobiernan, ansiosos por apoltronarse en el poder durante cuatro años más, ni siquiera se plantean políticas eficaces a largo plazo, lentas pero efectivas, que enfaticen en la prevención de conductas bárbaras nada propias de personas de tan poca edad y lejanas de todo civismo y respeto por los derechos humanos.
¿Rebajar la edad penal realmente va a solucionar un problema educativo? ¿Acaso eso va a permitir que los padres proporcionen a sus hijos una atención mayor o de más calidad? Cuando arremetamos contra estas conductas ejercidas por menores de edad, reflexionemos por qué permitimos que la violencia se instale cómodamente en nuestras formas de educar y porqué no nos movilizamos para cambiar esto y ayudar a crear generaciones más humanas y responsables. Seamos sinceros: es más fácil tener al niño durante horas enganchado a un videojuego sin que produzca ninguna molestia más que la merienda, que dedicar ese tiempo a realizar actividades más productivas conjuntamente con él.
En una sociedad que evoluciona tan rápidamente como la nuestra, la fórmula ideal no existe, pero nuestro derecho y deber es exigir como ciudadanos una mayor inversión en políticas efectivas de prevención y rehabilitación de conductas delictivas y violentas; en definitiva, invertir en prevenir y educar más y mejor a los que son el futuro de la sociedad.
Los recortes nunca deberían producirse en estas materias, pero desgraciadamente no es esto lo que ocurre, y en nuestro país y región podemos comprobarlo. Nuestro grito de guerra no ha de ser pedir que un niño de 12 años ingrese en prisión, sino la inversión en políticas educativas de calidad que nos ayuden a erradicar la violencia entre los más jóvenes, o plantear necesarios cambios en aspectos como la programación televisiva, para que los adolescentes aprendan algo más que el circo de la prensa del corazón. ¿Acaso no merece la pena?