Laberintos del Estado laico

ENRIQUE UJALDÓN Miembro de Ciudadanos para el Progreso

España es un país laico. En esto no es diferente de la mayor parte de las democracias del mundo, que se caracterizan, entre otras cosas, por procurar una separación lo más nítida posible entre las diversas iglesias y los poderes del Estado. Es ésta, de hecho, una vieja aspiración de los filósofos ilustrados que es parte ya de nuestra cotidianidad. Nadie puede ser discriminado, ni positiva ni negativamente, por sus creencias religiosas. Nadie está obligado a manifestarlas si no lo desea; pero todo el que quiera puede profesar su religión y difundirla. En este sentido, los principios están claros, y nuestra Constitución no deja lugar a dudas.
España es un país de clara mayoría católica, en el que tienen gran peso la cultura y las tradiciones cristianas. El Cristianismo organiza nuestro calendario y nuestras fiestas, y establece los ritos que van ligados a los grandes momentos de la vida: nacimiento, matrimonio y muerte. Incluso los no cristianos imitan los ritos religiosos de la tradición católica, laicizándolos. Además, el Cristianismo también nos ha legado un poso de valores que son irrenunciables para la inmensa mayoría de los ciudadanos: la igualdad de todos los hombres, el valor y la dignidad de la persona, el amor hacia los demás, sean o no nuestros allegados (que en nuestros tiempos adopta la forma de solidaridad), y un largo etcétera.
Aun teniendo en cuenta la poderosa influencia y el poso que esta cultura católica ha ejercido en nuestra sociedad y en nuestra historia, existe un sector de la población al que le disgusta la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos. Le disgusta también que la Iglesia reclame la adopción de medidas políticas al respeto, y que se oponga a otras. Quiere que desaparezcan los belenes y los crucifijos. Y apela, una y otra vez, a la laicidad del Estado español para exigir medidas que prohíban la presencia de estos símbolos en ciertos espacios, o que impongan el silencio a religiones legalmente establecidas.
Y es cierto, España es un Estado laico; y prácticamente todos los españoles, creyentes o no, queremos que siga siéndolo. Pero no por ello podemos pretender que la Iglesia católica o cualquier otro grupo religioso sean privados del derecho a manifestarse, reivindicar sus valores o presionar para que las decisiones políticas sean las más cercanas a sus propias posiciones. Precisamente porque España es un Estado laico no puede prejuzgar el origen de las distintas organizaciones sociales, movimientos ciudadanos o grupos de presión coyunturales que continua y legítimamente tratan de influir en las decisiones que adoptan los poderes públicos. Pedir que la Iglesia no se meta en política es tan absurdo como pedir que no lo hagan los sindicatos. Las diferentes iglesias, como los sindicatos, las asociaciones de vecinos o las de empresarios forman parte de la nación de ciudadanos que es España, y tienen perfecto derecho a hacer oír su voz; lo que no quiere decir, claro está, que los demás estemos en la obligación de escucharles, ni mucho menos de darles la razón. Es lo normal en una sociedad que asume la diversidad y el conflicto como parte de su riqueza democrática.
Aunque casi todos -los políticos en primer lugar- reconocen el derecho de estas iglesias a manifestarse y a expresar su opinión sobre los asuntos que interesan a todos, hay muchos que al mismo tiempo exigen la retirada de símbolos religiosos de los lugares públicos. Los mismos que así se pronuncian cenan con su familia en Navidad, compran regalos de Reyes para sus hijos y hasta preparan una sorpresa a su pareja por San Valentín. En determinadas fechas, la cultura popular de raíz religiosa inunda nuestras vidas, y no sólo no oponemos ninguna resistencia, sino que nos sumamos encantados a la corriente. No importa si creemos o no que nace el Hijo de Dios en estas fechas, si hacemos exaltación de sentimientos como la inocencia y la bondad, o si albergamos el deseo de ser mejores y de procurar un mundo más justo. La religión invade el espacio público por la sencilla razón de que ya forma parte de él, y lo público es un patrimonio que a todos nos pertenece y del que todos nos apropiamos en mayor o menor medida. Son los propios ciudadanos los que toman las calles, construyen belenes, cantan villancicos y presionan a sus Ayuntamientos para que les faciliten las fiestas. Y por la misma razón, esos mismos Ayuntamientos, y los poderes públicos en general, deben hacer posible que otros grupos religiosos celebren también sus fiestas, por muy ajenas que le resulten a la mayoría del país. Si hay algo distinto de un Estado laico es el triste espectáculo de Suiza prohibiendo la construcción de minaretes.
Y con las escuelas públicas, ocurre exactamente lo mismo: que deben ser espacios de libertad. Y sólo serán espacios de laicidad en la medida en que lo sean de libertad. Si los alumnos quieren montar un belén y cantar villancicos, que lo hagan. ¿Alguien querría impedir manifestaciones culturales de otras religiones, hechas desde el respeto y la participación? ¿Alguien se atrevería?

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