SECUESTRO DEL ALAKRANA. Como en tantos otros temas, repugna que la angustia de 36 pescadores y sus familias por los 47 días que el atunero Alakrana ha estado secuestrado en aguas del Índico constituya un motivo de algo más que un rifirrafe dialéctico protagonizado por el Gobierno y el principal partido de la oposición. Tras la feliz resolución de este secuestro quedan muchos temas por aclarar, entre otros qué se esconde tras esas llamadas a la prudencia expresadas por el presidente del Gobierno junto con su alusión constante a que la actuación del Ejecutivo se ha desarrollado dentro de los márgenes de la más estricta legalidad. ¿Qué legalidad? ¿Es legal el pago de un secuestro con negociaciones producidas en algún bufete de abogados de Londres? ¿Es legal apelar al liderazgo español en el seno de la UE para reforzar medidas militares, que no sociales, para proteger actividades privadas de unos armadores sin escrúpulos, que buscan en aguas internacionales de un país esquilmado, no sólo en sus recursos pesqueros, las capturas que no son posibles ya en el Mediterráneo y el Atlántico en virtud de la prohibición de la pesca del atún rojo en estas zonas dictada por Bruselas? ¿Se nos ha informado que muchos jóvenes somalíes ven en la práctica de la piratería la única salida a una situación de hambre y miseria que soportan en el país africano -fracturado y en guerra permanente- con los más altos índices de pobreza y mortalidad infantil? Lo curioso del caso es que vuelva a ser Inglaterra, el país cuya reina Isabel I, la que concediera las patentes de corso durante el siglo XVI para la actuación de corsarios como Francis Drake y Kawkins contra la plata y el oro americanos con destino a Sevilla, el lugar hacia el que la Audiencia Nacional deba dirigir, de nuevo, todas las miradas para esclarecer el caso.

n LAMENTOS DEL CAMPO. En el momento de publicarse estas líneas, se habrán producido ya en toda España las jornadas de protesta que las organizaciones agrarias van a protagonizar denunciando la asfixiante situación que soporta el campo español. Las rígidas normas comunitarias de la Política Agraria Común (PAC) junto con el desprecio del campo por parte de quienes tienen que defender los intereses de un sector al que se deja inerme, inmerso en la indefensión más absoluta, sin una regulación del mercado que consiga precios justos para los agricultores, son, entre otros, los factores que están conduciendo al agro español a una muerte lenta. Sorprende que un país que ha venido alardeando de tener en el sector agrícola, sobre todo en su vertiente exportadora, el necesario contrapeso para saldar el sempiterno déficit comercial deje languidecer lentamente esta actividad. No escarmentamos. El franquismo contempló una sangría poblacional de las zonas agrícolas españolas en virtud de la emigración de sus pobladores hacia las regiones industriales de España y de Europa. Pero, una vez superada esa etapa, la torpe visión de quienes tienen responsabilidades políticas es incapaz de percibir que, en un país que no destaca precisamente por liderar la actividad industrial y la tecnología puntera, una agricultura moderna, ecológica y sostenible podría constituirse en el refugio de muchos trabajadores incapaces de lograr acomodo en otros sectores en crisis.

n DESPRECIO A NUESTRO PASADO. Tras el latrocinio cultural que supuso la destrucción, a mediados del siglo pasado, de los baños árabes de la calle Madre de Dios, la ciudadanía de Murcia se dispone a contemplar cómo la ignorancia y el desprecio a nuestro legado histórico, sumados a la defensa de inconfesados intereses particulares de unos pocos, van a suponer -con el pretexto absurdo de su escaso valor- el entierro de los restos arqueológicos de la Murcia musulmana de los siglos XII y XIII hallados en San Esteban. Esperemos que lleguemos a tiempo de evitar la consumación, por vía administrativa, de este nuevo atropello contra el patrimonio cultural presente y futuro.