Lo que necesitamos son gestos, por sencillos que parezcan, que nos demuestren que no hemos caído en el olvido, porque a todos los que nos faltan, olvidarlos es matarlos otra vez". Son sentidas palabras de Marisol Chávarri, hija de un empresario vasco que sufrió tres atentados en la década de los 70 hasta que los asesinos de ETA consiguieron su despreciable objetivo.
El pasado 28 de octubre, con el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional, quedó aprobada la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia. Una iniciativa legislativa nacida de la unidad frente al terror, en aras de la justicia y a favor de la libertad. Una ley nacida para no olvidar, para recordar a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y saldar así una deuda histórica.
Hace poco más de un año y medio, Ramón Luis Valcárcel recibía a los representantes de la mayor asociación de víctimas de terrorismo de España y de aquel encuentro nació el compromiso de impulsar esta nueva ley porque, en palabras del propio presidente, "todos los que creemos en los fundamentos del Estado de Derecho tenemos una deuda permanente con las víctimas del terrorismo, con todos aquellos que han sufrido la violencia de quienes pretenden destruir nuestro actual marco de convivencia".
Esta importante ley se ha convertido desde el mismo momento de su nacimiento en modelo legislativo de protección y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. En su articulado regula pormenorizadamente la concesión de ayudas, subvenciones, así como la formalización de convenios para un pleno desarrollo de iniciativas por parte de estos colectivos en el deseo de ofrecer un marco estable de colaboración donde la voz de las víctimas del terrorismo tenga su eco y su repercusión como merecen.
Esta ley, que se equipara a las leyes autonómicas análogas más avanzadas como las del País Vasco, Madrid o Valencia, se propone como objetivo la máxima cobertura y protección a las víctimas. Para ello plantea hasta seis modalidades de prestaciones asistenciales a cargo de la Comunidad Autónoma y regula pormenorizadamente la asistencia sanitaria, psicológica, psicopedagógica, los gastos de estudios, las prestaciones laborales, el alojamiento provisional y la reparación de daños en viviendas.
Pero la ambición de esta ley no ha quedado ahí, sino que nuestro Gobierno regional ha dado importantes pasos más allá con aspectos novedosos como el Fondo de Solidaridad, las indemnizaciones máximas, la cobertura en los gastos de estudios incluyendo la formación universitaria y de postgrado y no sólo la educación secundaria obligatoria; también destaca la expresa reserva obligatoria, a favor de las víctimas, de un cupo de viviendas de promoción pública así como de un cupo de plazas en la oferta anual de empleo público, o la posibilidad de obtener créditos sin interés o subvenciones crediticias de interés reducido, entre otras novedades.
Son merecidos, por tanto, todos los esfuerzos desarrollados en el extraordinario trabajo que ha moldeado cada uno de los artículos de esta Ley. Y no podemos estar suficientemente agradecidos a cuantos han contribuido con su tiempo y esfuerzo a hacer de este proyecto normativo una propuesta de gratitud que los murcianos tienen hacia quienes con su vida, su integridad personal, su libertad o la pérdida de sus seres queridos pagaron un precio muy alto.
Hoy, la Región de Murcia reconoce públicamente la dignidad de las víctimas y de sus familiares con toda la legitimidad de quienes son rostros, vidas ligadas ya para siempre a la memoria colectiva de una nación que les tanto les debe.
