Farmacias públicas

MIGUEL HERNÁNDEZ VALVERDE

Vaya por delante que soy consciente de que este artículo no gustará nada al 'conservador' Colegio de Farmacéuticos y menos a la todopoderosa industria que la sustenta, pero abrir debates en torno a buscar alternativas viables y fiables a la situación actual, y que afecta al propio sistema nacional de salud en general y al regional en particular con especial virulencia es necesario.
La normativa actual (tanto la ley 16/1997 como el Decreto 17/2001) para alguien que cuando terminada su carrera quiere establecerse en nuestra región, es contraria a la economía de mercado que tanto pregona la derecha española, y que es este sector, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, quienes determinan qué es lo mejor para los ciudadanos, pero esta propuesta no tiene nada que ver con 'liberalizar' este mercado, que, por cierto, no estaría nada mal que se hiciera de una vez, sino en establecer alternativas para que el Servicio Murciano de Salud no viva continuamente con la espada de Damocles de compañera de viaje.
Que la mayoría de las farmacias (principalmente las que se encuentran cerca de los centros de salud y hospitales) son un negocio que mueve y repercute en unos pocos millones de euros, nadie lo pone en duda, y si no, pregunten a cualquiera que quiera traspasar una farmacia las cantidades de millones de euros que se barajan (en torno a cinco o seis millones de euros); también nadie podrá negar que las viviendas españolas están plagadas de medicamentos caducados que terminan tras varios años en el cubo de la basura y que pagamos el conjunto de los contribuyentes.
Entonces ¿qué pasaría si se planteara establecer en las dependencias de los centros de salud y hospitales de la Región farmacias regentadas por los propios farmacéuticos públicos donde sólo se expendieran los fármacos recetados y en las cantidades prescritas? Nada, tan sólo que saldrían algunas voces del sector denunciando intromisión, competencia desleal y algún que otro sectario anunciando la vuelta del comunismo. Por que estamos hablando de eliminar privilegios, y eso no gusta nada a una estructura de poder.
La situación actual que viven las arcas sanitarias será difícilmente sostenible a medio y largo plazo; a ningún partido político le interesa poner sobre la mesa el futuro de la financiación sanitaria, así que abordar temas como la privatización, el impuesto sanitario, la revisión de la reciprocidad sanitaria con terceros países, la liberalización farmacéutica o la tasa de urgencias, seguirán siendo temas tabú.
Las medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno central sólo han paliado en una pequeña parte el problema del déficit farmacéutico, pero sigue siendo desigual el reparto de responsabilidades entre la Administración sanitaria y la industria farmacéutica. Si queremos que la sanidad siga siendo un servicio público gestionada y administrada por servidores públicos, habrá que hablar de un nuevo sistema de financiación, salvo que lo que se pretenda es dar un servicio público con gestión y personal privado y eliminar del debate político el sistema público sanitario y, por lo tanto, no depender del Gobierno de turno para hacer de la sanidad también un negocio. Pero algunos compartimos con el sociólogo Ángel Cárcabo el título de su libro: La salud no se vende ni se delega, se defiende.

Nota: Esta semana, cuando todo parece indicar que Valcárcel se vuelve a presentar, el presidente de los empresarios murcianos, Miguel del Toro, ha salido a defender de forma valiente y honesta el derecho en un Estado democrático a que cualquiera pueda presentarse a candidato cuantas veces quiera, y no limitar el número de mandatos. Y esto es exactamente lo mismo que piden los presidentes de Venezuela y Honduras, los señores Chávez y Zelaya, y la derecha a eso le llama perpetuar una 'dictadura'.

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