Es posible que muchos de los que hayan leído la Orden de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones en materia de recursos humanos para el curso 2009/2010 (BORM 28 de julio de 2009) se hayan visto sorprendidos por las novedades que incluye respecto a años pasados.
Así, por ejemplo, se insta a los directores de los centros educativos a anotar en el parte mensual de faltas de su centro a los profesores y maestros con destino en otros centros pero que deben acudir en septiembre al que prestaron servicio en el curso anterior a evaluar al alumnado con materias suspensas. Se trataría pues de un delito de falsedad documental, pues ¿cómo va a faltar un profesor a un instituto teniendo nombramiento oficial en otro? La supuesta ausencia de un docente a las pruebas de evaluación de septiembre debe ser comunicada por el director del centro a la Consejería y punto.
No menos sorprendente de esta Orden es la novedad introducida en materia de régimen sancionador: el profesor interino que sea suspendido de empleo y sueldo por tiempo superior o igual a seis meses durante un curso escolar por acumulación de sanciones disciplinarias pierde su puesto de trabajo y es excluido de la lista de interinidad. Se trata, pues, de una triple sanción y de una medida discriminatoria, en tanto que sólo afecta a quienes tengan la desgracia de ser funcionarios docentes interinos dependientes de la consejería de Educación de Murcia y no a otros funcionarios interinos de ésta u otra Administración pública. La razón por la que se introducen estas dos novedades para el próximo curso escolar se debe a mi situación durante el presente curso escolar. Fui sancionado con cinco meses de suspensión de funciones por la publicación de una carta a la directora en el diario LA OPINIÓN y con 45 días más porque el director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, Antonio Rodríguez Mas, había modificado las actas de evaluación y el parte de faltas de septiembre de 2007 en julio de 2008, diez meses después, para acusarme de faltar 20 horas en su centro en las pruebas de recuperación de septiembre, teniendo nombramiento oficial en otro centro.
Por tanto, estas dos novedades son una forma de proteger las actividades fraudulentas del director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, Antonio Rodríguez Más, y de evitar el pago de indemnizaciones al personal injustamente expedientado.