Acuerdo social

JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO Magistrado

Muchos son los acuerdos sociales que precisamente demanda la sociedad para el buen funcionamiento de ciertas instituciones básicas para el desarrollo de un país: educación, sanidad, terrorismo, banca... y justicia. Y a esta última quiero hoy referirme por la importancia que supone el que empiece a funcionar un acuerdo social sobre esta materia. El ministerio llegó la semana pasada a ese acuerdo con las once comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, con el fin de modernizar la Justicia. Se trata de un plan con cinco ejes estratégicos, una veintena de programas y 120 actuaciones. Amén de la creación de nuevos juzgados, que en lo que atañe a nuestra comunidad, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en su reciente visita institucional a nuestra Región, ha anunciado la puesta en funcionamiento de tres juzgados penales más y ha escuchado la petición de que sean un total de diez los que necesitamos.
Los cinco ejes sobre los que va a gravitar la tan deseada modernización de la justicia y sobre los que se ha llegado a un primer acuerdo social, creándose a tal efecto un grupo de trabajo técnico, son los siguientes: 1. Una protección integral contra la violencia de género, para lo cual se va a poner a disposición de los titulares de los órganos judiciales, durante el mes de julio, un total de 3000 pulseras de seguimiento telemático de aquellas personas que estén sometidas a una medida de alejamiento. 2. Interconexión entre juzgados: se trata de poner en funcionamiento una plataforma informática común, con el loable y necesario objetivo de lograr algo tan evidente como es que todos los juzgados trabajen en red. 3. Una nueva oficina judicial: su entrada en funcionamiento, que no será en breve, pero sí al menos existe un compromiso de la Conferencia Sectorial, de fomentar reuniones para su puesta en funcionamiento, esperemos que sirva para agilizar los trámites judiciales y concretar responsabilidades de cada uno de sus integrantes. 4. Personal al servicio de la administración de Justicia: su finalidad es disminuir el número de interinos que existen en la actualidad, y así mejorar el la calidad del servicio. Cuestión que si bien es importante, en mi opinión hay interinos e interinos. Es decir, no se debe medir con el mismo rasero a todas aquellas personas que desempeñan un puesto en interinidad en la administración de Justicia. Propongo una real y efectiva valoración del trabajo realizado por las mismas, de tal manera que quienes hayan demostrado su sobrada competencia se les pueda, a través de un examen o de un concurso, consolidar su situación, ya que en ocasiones durante años han servido de forma brillante, aunque interina en los juzgados y tribunales, desde juez a agente judicial, pasando por el ministerio fiscal. El actual sistema de mera antigüedad en la bolsa de trabajo puede llevar a perder buenos profesionales, cuyos méritos deben ser valorados para su futuro, a través de la citada integración definitiva en un determinado cuerpo, y en beneficio de la Justicia en general. El trasiego de funcionarios, sean o no interinos, demora aún más el ya lento caminar de la Justicia en España. 5. Finalmente, Justicia gratuita: la actual normativa a este respecto del año 1966 va a ser objeto de revisión a través de las propuestas que realicen las comunidades autónomas (no nosotros, que no tenemos transferencias), dada la insatisfacción del modelo actual.