Representantes de varias asociaciones de estudiantes han remitido un escrito de denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue si existe un delito de falsedad en documento público y cohecho en el caso de las notas del máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Estos colectivos señalan como responsables en caso de probarse estos presuntos delitos a la funcionaria que modificó el expediente, Amalia Calonge, a la propia presidenta regional, al director del máster y a los miembros del tribunal que calificó el Trabajo de Fin de Máster.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid atribuye a Cifuentes la condición de aforada ante el Tribunal Supremo. El artículo 25 establece que "la responsabilidad penal del presidente de Gobierno, vicepresidentes y de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que la Fiscalía de Madrid tendría que remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo al ser ésta la competente para su investigación o decretar su archivo.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y ha sido adelantado por 'eldiario.es', se solicita al Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que se cite a declarar "en condición de investigada" a Cifuentes y que se adjunte una copia certificada del registro de accesos al expediente académico de la presidenta regional.
A su vez, se reclama al Ministerio Público que se le pidan los correos electrónicos, las comunicaciones con su tutor del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y las anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o documentos de haber depositado el citado TFM "en tiempo y forma correspondiente al curso académico 2011/12".
También reclama que se tome testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico, al tutor del trabajo del máster de Cifuentes, así como a la persona designada por el servicio informático de la URJC que volcó la información y las actas de evaluación, así como la emisión de los certificados de los másteres que ofrece la mencionada Universidad.
Otra testifical que recoge este escrito de denuncia es que comparezca el personal designado por el Instituto de Derecho Público de la URJC al objeto de aportar documentación que pudiera obrar por la institución respecto al nombramiento del tribunal para evaluar el TFM de este máster en el curso 2011-12.
A su vez, se insta a solicitar la copia de la agenda y libros de visita en Delegación de Gobierno y de la Comunidad de Madrid correspondiente a las fechas de realización de la comisión evaluadora y los correos del director del máster, a fin de cotejar la "verosimilitud" las explicaciones de Cifuentes al respecto.
En el escrito, relata informaciones que apuntan a que el ejercicio 2014 se modificó su expediente con dos años de retraso para "alterar" las evaluaciones de una asignatura y del TFM, existiendo "dudas razonables" acerca de la identidad del tutor del trabajo.
Además, apunta a que las informaciones difundidas "refuerza la aseveración" de que Cifuentes "no culminó las citadas asignaturas en tiempo y forma". También recoge que, con la normativa de la universidad de 2007, la presidenta regional no podía haberse presentado al TFM si figuraba una asignatura no presentada en su expediente.
En concreto, los denunciantes son asociaciones estudiantes de cinco universidades públicas de Madrid: la propia URJC, la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma y la de Alcalá de Henares.
Colectivos de varias Universidades
Los colectivos pertenecen a distintas universidades: La Caverna (Filosofía UCM), Yuri Gagarin Ingeniería aeroespacial UPM), Res Pública (URJC), Ecoaldea (Ciencia Políticas UCM), Conciencia Minera (Minas UPM) AEE, (Económicas UAM) La chispa (Políticas UCM) Colombine (ciencias de la información UCM), la Onda (Ingeniería de Telecomunicaciones UPM), UEPei (Derecho UCM), Emmy Noether (Matemáticas UCM), La Siega (Ingeniería de Agrónomos UPM), la Medusa (UAH).
En un comunicado conjunto, exponen que en el escrito reclaman pena de inhabilitación para el desempeño del cargo público y prisión (que podrían alcanzar hasta 6 años de prisión), si la Justicia lo considera oportuno, en virtud del artículo 419 del Código Penal.
