El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado paralizar los trabajos para retirar la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura (Alicante). Los jueces han aceptado adoptar las medidas cautelares solicitades por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, que alegó que se estaba atentando contra los derechos fundamentales de la libertad religiosa. Los vecinos han convocado una concentración para valorar esta resolución y el tripartito (PSOE, IU y Somos Callosa) se ha visto obligado a detener los trabajos.
El dispositivo para retirar el símbolo ha comenzado sobre las cuatro de la mañana. Los operarios han cortado la Cruz y la han elevado con una pluma hasta ubicarla en un camión. En estos momentos están trabajando para retirar el monolito de la base, donde se encuentran las inscripciones de los caídos. La maniobra se ha realizado entre un fuerte dispositivo de seguridad que ha impedido el paso de vecinos y sin apenas incidentes -al margen del que se produjo con la entrada de un grupo de falangistas al principio de la noche, dos de ellos detenidos-. Sobre las cinco de la madrugada las campanas de las iglesias del municipio han sonado para avisar de lo que estaba ocurriendo.
El párroco de la iglesia de San Martín y el portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, Toni Illán, se han acercado esta madrugada a los trabajadores para entregarles una documentación, en un último intento de paralizar su actuación, que no ha tenido éxito. Algunos vecinos han cantado canciones desde los balcones, entre otras "Adiós con el corazón". Un grupo de jóvenes de izquierda ha celebrado la retirada con lemas como "No hay dos, sin tres, República otra vez", algo que ha provocado un enfrentamiento verbal con otros vecinos, en el que ha tenido que intervenir la Guardia Civil para rebajar los ánimos.
La noche vivida en Callosa ha sido larga y tensa. Desde última hora de la tarde de ayer domingo decenas de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local se desplegaron en las inmediaciones de la Plaza de España. El dispositivo de seguridad ha estado coordinado por la Subdelegación de Gobierno. Todos los accesos fueron cortados y sólo podían cruzar las vallas de seguridad residentes en la zona y periodistas. El equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y Somos Callosa) ha estado toda la noche en el Ayuntamiento, viendo desde una de las ventanas las maniobras para retirar el símbolo. A su llegada al consistorio todos los concejales y el alcalde, Fran Maciá, fueron recibidos con abucheos por un grupo de vecinos.
Los custodios de la Cruz celebraron ayer por la tarde una vigilia que concentró a más de 300 personas. Se trata de una enorme mole maciza de mármol blanco sobre la que está inscrita el nombre de 81 vecinos del municipio. Una vez que se traslade, comenzarán las labores para reponer el empedrado de esta plaza. El tripartito prevé instalar la Cruz en el Museo del Cáñamo, creando un espacio en memoria de los fallecidos. Ello después de que el Obispado haya rechazado su traslado al cementerio y haya defendido que siguiera en su emplazamiento original.
La Cruz de los Caídos se retira, según el gobierno municipal, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Fue en marzo de 2016 cuando se aprobó un acuerdo plenario para eliminar el monolito de la Plaza de España, donde se ubica la iglesia arciprestal de San Martín. Aunque el obispado defiende que esa plaza es propiedad de la Iglesia, ese es un argumento que rechaza el tripartito, que alega que es un bien municipal que está registrado como tal.
La Plataforma en Defensa de la Cruz defiende su carácter exclusivamente religioso y recuerda que ya se retiraron las inscripciones que aludían a José Antonio Primo de Rivera así como placas de Falange. No obstante, la Generalitat ha apoyado al tripartito en la retirada del monolito.
Toda esta situación ha dado lugar a una batalla judicial de los partidarios de mantener la Cruz contra el Ayuntamiento y el tripartito. Aunque ha habido algunas resoluciones que, según el gobierno, avalan la retirada, la otra parte alega que todavía quedan diversos procesos judiciales pendientes e insisten en que no se debería de haber actuado hasta que todos estén resueltos.
