Veinte imputados se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.
¿Qué se juzga?
La justicia trata de dilucidar, una década después, si hubo irregularidades en el gasto de las campañas de 2007 y 2008 en la comunidad, después de que diez empresarios hayan reconocido haber financiado con 1,1 millones ambas campañas.
Lo que se dirimirá en la vista oral será si hubo delito electoral y falsedad en aquellas citas, pero no solo las que ganó Francisco Camps. Algunos de los actos electorales pagados con dinero en b se organizaron para agasajar al presidente del Partido Popular Mariano Rajoy, durante sus visitas en 2007 a Feria Valencia y Alicante y para abonar el 'vídeo cena Rajoy' celebrada en 2008 en el casino de Castellón, según un informe de la Agencia Tributaria.
¿Quiénes son los acusados?
Entre los imputados se encuentra parte de la antigua cúpula del PP de la Comunidad Valenciana, como Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, además de la extesorera del partido en la comunidad, Cristina Ibáñez. También saldrán de la cárcel -momentáneamente- para ir a declarar el cabecilla la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
En la esfera empresarial se encuentran nombres como Enrique Ortiz, José Francisco Bevia y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino. El acusado en la situación más delicada por ahora es precisamente este último, que ya ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia a 18 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil. Una segunda condena podría implicar su inmediato ingreso en prisión.
¿Qué penas se piden?
La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra, y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.
¿Qué pruebas se conocen?
La situación para los políticos valencianos se complicó en febrero del año pasado, cuando una decena de empresarios admitió haber financiado ilegalmente al PP a cambio de una rebaja de la pena.
Enrique Gimeno Escrig, Antonio y Alejandro Pons Dols y Gabriel Batalla, por ejemplo, son los más beneficiados por el pacto alcanzado ya que se les acusaba de tres delitos electorales y otro de falsedad documental a cada uno de ellos, que sumaban seis años de cárcel y que ahora quedan reducidos a 21 meses de prisión, eludibles con el pago de multas.
Tomás y Rafael Martínez Berna logran rebajar de 5 años a 18 meses la pena impuesta. Y, por último, Enrique Ortiz, José Francisco Bevia y Vicente Cotino Escriba pasan de cuatro años de cárcel a quince meses de prisión.
Además, Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, ha pasado a colaborar con la Fiscalía. En esta línea, el cabecilla de Gürtel envió el pasado lunes al juzgado un escrito en el que admite la realización de actos electorales y de otro tipo para el PP de Valencia por parte de Orange Market (la sucursal valenciana de la trama) "mediante pagos en b" y "mediante la creación de facturas ficticias".
¿Hay implicados en el PP nacional?
Ningún cargo del PP nacional se sentará en el banquillo por esta causa, pero el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha pedido incorporar a la causa los testimonios de seis dirigentes que han declarado ya en el juicio de la primera época de la Gürtel. Se trata de Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. La Audiencia Nacional se ha rechazado estas comparecencias, aunque es posible que sean solicitadas de nuevo durante el juicio.
