El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha manifestado este jueves ante los magistrados del Tribunal Supremo que deben revisar su prisión preventiva que es un "hombre de paz" con convicciones religiosas y que busca el "diálogo bilateral" en el conflicto político existente en Cataluña.
"Quiero rogarles que me pongan en libertad. Los valores de civismo y paz intentaré que sean predominantes allí donde tenga influencia", ha dicho y ha precisado que no defiende cauces violentos y que, por tanto, no existen motivos para mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
El líder de ERC ha aprovechado su intervención de apenas unos minutos al final de la vista para recalcar que él no ha hecho nunca ninguna declaración insultante u ofensiva y ha pedido que le dejen en libertad para poder ejercer el cargo de diputado tras su elección en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, según han informado fuentes presentes en la sesión.
La Fiscalía --al igual que la acusación popular que ejerce Vox-- se ha opuesto a su petición al considerarle el "promotor" de la deriva soberanista que terminó con la celebración del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre. Además le ha advertido de que un hipotético nombramiento en un futuro gobierno no puede afectar a su situación de prisión provisional porque "la Justicia no es moneda de cambio".
Indiferencia ante la violencia
Las mismas fuentes han explicado que el fiscal Javier Zaragoza, al que acompañaba la que fuera fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, ha hecho una larga exposición relacionada con el delito de rebelión por el que se acusa al exvicepresidente catalán y le ha espetado que el llamamiento a la movilización ciudadana hace muy probable la violencia mientras que quien realiza estos llamamientos les resulta indiferente que se produzca.
Se refería en concreto a los incidentes que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre durante los registros por la celebración de la consulta ilegal. Por ello ha manifestado que "el pacifismo y el civismo son más que buenas palabras" y que deben ser respaldadas por hechos y ha defendido que persiste el riesgo de reiteración delictiva en lo que respecta a los llamamientos de Junqueras a la movilización social.Interrupción de la deliberación
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge, ha comenzado a deliberar tras el fin de la vista y poco antes de las 14.30 han interrumpido la misma postergándola para mañana, por lo que hoy no decidirán si atienden a la petición de Junqueras o mantienen la medida de prisión que dictó contra él la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, cuando el caso entonces aún no había pasado a ser competencia del Tribunal Supremo.
En declaraciones a los medios de comunicación, su letrado Andreu Van Den Eynde ha explicado que durante la vista se han centrado en el "objeto real" del recurso que es la petición de libertad de su defendido y que su exposición ha girado en torno a tres puntos claves: que no existe "ningún riesgo" de reiteración delictiva, que los hechos no son constitutivos de un delito de rebelión y que el número 'dos' de Carles Puigdemont en el gobierno depuesto no participó en ninguna acción violenta.
Acercamiento a una cárcel catalana
La defensa del líder independentista ha pedido al tribunal que no se centre en el debate de fondo porque ese no es el asunto del recurso y ha planteado que se efectúe el traslado de la madrileña prisión de Estremera a otra más cercana a Cataluña en caso de que no se acuerde su libertad. La competencia para autorizar el movimiento de este preso preventivo corresponde al magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, por lo que la defensa de Junqueras tendría que dirigirise y así lo hará al juez para pedir su acercamiento a Cataluña.
"Lo vamos a pedir todas las veces que haga falta", ha aseverado el letrado en referencia también a futuras salidas para participar en la sesión constitutiva del parlamento catalán el próximo 17 de enero o en el debate de investidura del nuevo presidente a comienzos de febrero. El letrado también se ha referido a que las malas condiciones telefónicas en la cárcel dificultan la comunicación con su cliente.
La sesión ha arrancado con la intervención del abogado de Junqueras al que han seguido los de las dos defensas que se han adherido a este recurso, que son las del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por Junts per Catalunya Jordi Sánchez y las del exdiputado de Catalunta Si que es Pot Josep María Nuet. Estos últimos han respaldado la petición de Junqueras afirmando que sería positivo para el Estado español dejarle en paz.
Intentan hacer un juicio político
Tras ellos han defendido su postura los letrados de Vox y el fiscal Javier Zaragoza y la que fuera fiscal general del Estado Consuelo Madrigal por parte del Ministerio Público. El letrado de Vox, Javier Ortega, ha explicado en declaraciones a los medios que la defensa de Junqueras está intentando convertir este procedimiento en un "juicio político" y que su argumentario sobre la necesidad de entablar un proceso de negociación bilateral con el Estado no va a tener "acogida ninguna" en la Sala.
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La acusación popular ha dicho que ha quedado perfectamente acreditado que los acusados (entre ellos exmiembros del govern, de la Mesa del Parlament y de las entidades ANC y Òmnium) integran una organización delictiva y una hoja de ruta perfectamente organizada en la que estaban previstos la consulta y las elecciones de carácter plebiscitario.
Restar valor al documento 'enfocats'
Se refiere la acusación al documento 'Enfocats' incautado durante el registro en el domicilio del número dos de Junqueras en el Gobierno, José María Jové, y que es entendido como la hoja de ruta del 'procés'. Al respecto Ortega ha dicho que la defensa del acusado ha pretendido quitarle "cualquier valor" al mismo asegurando que lo desconocía y que no tenía responsabilidad ninguna en estos apuntes.
En la actualidad Junqueras y el exconseller Joaquim Forn son los dos únicos miembros del exgobierno catalán que permanecen en prisión por la organización del referéndum independentista y la declaración de independencia de Cataluña (DUI). El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió mantenerles en la cárcel junto con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) tras tomarles declaración el pasado 1 de diciembre.
A diferencia del resto de exconsejeros --para los que acordó libertad sujeta al pago de fianza de 100.000 euros-- Llarena expuso que en el caso de los todavía presos persiste el riesgo de reiteración delictiva ya que sus aportaciones estarían directamente vinculadas a una "explosión violenta". En este sentido recordó en su auto del pasado 4 de diciembre -que es el que se revisa este jueves en la vista de apelación- incidentes como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre.
