La Policía investiga el robo en la sede central de Mercasa, que dirigía Pablo, el hermano de Ignacio González, aunque no cree que lo sustraído pueda afectar a las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre el caso Lezo y sobre las presuntas irregularidades cometidas en esa empresa.
Fuentes policiales han señalado a Efe que fueron los trabajadores de la propia empresa los que denunciaron el martes el robo después de entrar en las oficinas, situadas en el paseo de la Habana, y encontrarse algunas dependencias revueltas.
Aunque en una primera denuncia presentada en la comisaría de Chamartín no se hace balance de lo sustraído, poco después los denunciantes ampliaron su escrito tras echar en falta algunos "equipos informáticos".
Mercasa -Red española de Mercados Centrales de Abastecimientos- fue una de las empresas registradas en abril por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desarrolló, por orden de la Audiencia Nacional, sendas operaciones contra supuestas irregularidades tanto en esta empresa como en el Canal de Isabel II, el llamado caso Lezo.
Registro el 19 de abril
La sociedad está siendo investigada en el caso Lezo, pero sobre todo es objeto de las pesquisas del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a partir del caso en el que indaga irregularidades en la empresa semipública Defex.
De hecho, la sede de la empresa fue registrada en profundidad el 19 de abril de 2017, fecha en la que fueron detenidos tanto Ignacio González como su hermano Pablo. Tras esa operación, dimitió el presidente de la sociedad, Eduardo Amejide.
Las fuentes consultadas por Efe han señalado que en ese registro, como en cualquiera que hacen las fuerzas de seguridad por orden de un juez, se realizaron copias de seguridad de todo aquello que contenían los equipos informáticos.
En la operación de Mercasa, el juez investiga a una serie de personas que firmaron un contrato por unos 500 millones de dólares con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda.
Se indagan en concreto sobreprecios en ese contrato, que pudieron servir para pagar comisiones y acabar en los bolsillos de los investigados, a los que se les imputan delitos de corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal.
Mercasa también está siendo objeto de investigación en un juzgado de Madrid que investiga un posible delito societario cometido en Mercamadrid por el que la Fiscalía ha denunciado a la delegada del Gobierno en esa comunidad, Concepción Dancausa.
