El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresident de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers.
A lo largo de la mañana de este lunes ya han sido abonadas estas fianzas, de modo que el magistrado ha dictado los autos para las salidas de prisión de manera inmediata.
Los dos citados y los líderes independentistas Sànchez y Cuixart no podrán, mientras tanto, participar en las elecciones catalanas cuya campaña arranca esta medianoche, en la que todos son candidatos salvo Cuixart.
En cuanto a quienes saldrán en libertad bajo fianza, deberán comparecer semanalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado que elijan; les prohíbe salir del país y les retira el pasaporte, bajo advertencia de que si incumplen estas medidas deberán ingresar en prisión.
Se trata de los exconsellers Raúl Romeva; Carles Mundó; Dolores Bassa; Meritxell Borrás; Jordi Rull; y Josep Turull. Bassa y Borràs ya han abandonado la prisión de Alcalá Meco (Madrid) tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros.
La idea central a partir de la cual el magistrado establece la distinción entre unos y otros es que no hay peligro de fuga en ninguno de ellos, pero identifica riesgo de reiteración delictiva en todos. Sin embargo, el daño que pueden hacer cada uno de los implicados si perseveran en el delito no es el mismo.
Riesgo de reincidir, pero sin la misma "lesividad"
Todos "los investigados ofrecen el riesgo de reincidir en la perpetración de los hechos con igual probabilidad" pero "no puede decirse lo mismo respecto a la lesividad que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones", dice en este sentido Llarena.
Por eso, el magistrado ordena que permanezcan en prisión Junqueras, Forn y 'los Jordis'. No por que haya peligro de fuga, que no contempla ante el importante arraigo de todos ellos, sino porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva, un riesgo que, en estos cuatro casos, podría tener consecuencias "graves, inmediatas e irreparables".
"Ese es el punto que singulariza una diferente cautela para cada uno de los investigados, con fijación de fianza para unos y prisión incondicional para otros, por más que todos ellos expresen su voluntad de conducirse de futuro por el cauce legal", destaca.
"El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo" incluso para "la propia integridad física".
El peligro no desaparece con su declaración
Este peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si mienten.
"Exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real", concreta.
Sobre la posibilidad de fuga, considera que la situación de Junqueras, Forn y 'los Jordis' es la misma que apreció para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa, a quienes dejó salir en libertad bajo fianza: cuentan con un importante arraigo personal, laboral y social y han atendido a los llamamientos judiciales que se les han dirigido.
Riesgo de que lideren una "explosión violenta"
El auto del Supremo identifica además riesgo de que lideren una nueva "explosión violenta" como el "cerco" a la Consejería de Economía.
Los cuatro citados lideraron "el asedio que decenas de miles de manifestantes hicieron a la comisión judicial" que registró la citada consejería catalana y dirigieron "a las masas durante las 19 horas que duró el cerco", el pasado 20 de septiembre.
"Los Jordis" dirigieron la operación y Junqueras acudió luego a donde se producían estos "hechos violentos", que "se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público", bajo la responsabilidad de Forn, no lo impidieron.
"Esta posición de dominio se constata en otras muchas movilizaciones", añade el magistrado que firma el auto, Pablo Llarena: las que impidieron el registro de Unipost, las que cortaron carreteras o las que "construyeron murallas humanas que defendieron de forma activa los centros de votación haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales", cita.
Estas afirmaciones del juez son coherentes con otros autos en los que el magistrado ha ido dibujando un procesamiento de los inculpados por el delito de rebelión, una conspiración en cuya cúspide parece situar a Oriol Junqueras, junto a los otros.
Delito de rebelión
Como miembros del comité estratégico, Junqueras, Sánchez y Cuixart dirigieron "unas movilizaciones violentas" que se materializaron en "una violenta explosión social", dice.
Una observación provisional de los hechos, ha dejado dicho también el magistrado anteriormente, permite calificarlos como delito de rebelión, que castiga con penas de hasta 30 años a los que "se alzaren violenta y públicamente" para fines como "declarar la independencia".
