La Fiscalía aboga por que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela mantenga su investigación al Govern catalán cesado, los cargos de los Mossos y los presidentes de las entidades independentistas al entender que de mandarla al Tribunal Supremo se acumularía en una macrocausa que ralentizaría el caso.

Este es uno de los argumentos que ha esgrimido la Fiscalía en su contestación al juez del Supremo Pablo Llarena, que pidió al ministerio fiscal, a la jueza Lamela y al resto de partes su opinión de que la causa que lleva esta magistrada en la Audiencia Nacional se trasladase al alto tribunal, donde ya están siendo investigados varios diputados aforados.

Según han informado fuentes fiscales, el ministerio público ha planteado que la investigación de los no aforados, como es el caso del expresidente Carles Puigdemont y sus exconsellers, así como el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, debe seguir llevándola la Audiencia.

Advierte, sin embargo, de que su condición puede cambiar si son elegidos diputados autonómicos en los próximos comicios del 21 de diciembre, ya que en ese caso pasarían a estar aforados y se tendría que volver a emitir un dictámen sobre su futuro procesal.

Cree el ministerio fiscal que la causa que se investiga en el Supremo contra los diputados y las dos que lleva Lamela contra el Govern de Puigdemont, por una parte, y los Mossos y Sànchez y Cuixart, por otra, tienen entidad propia aunque estén todas relacionadas con la celebración del referéndum

Argumenta la Fiscalía que mantener la investigación de la Audiencia Nacional evitaría una macrocausa, que no es conveniente porque ralentizaría la actuación judicial, y destaca que el principio de unidad de actuación de la Fiscalía garantizaría una aplicación uniforme de la ley en ambos órganos judiciales.

La Fiscalía considera que las actuaciones de unos y de otros presentan características singulares y se pueden analizar de forma separada, especialmente en lo que concierne a Sànchez y Cuixart y los agentes autonómicos.

También hace especial hincapié en los puntos comunes de los aforados que investiga el Supremo y que, como miembros de la Mesa del Parlament, facilitaron con sus votos el "procés" en una actuación que se produjo en sintonía.

Según la Fiscalía, aunque todos los investigados tenían la misma finalidad de celebrar el 1-O y que se declarase la independencia de Cataluña, sus conductas se enmarcan en ámbitos separados y englobándolas todas en una sola causa se unirían secuencias de hechos diferentes y, a la sazón, responsabilidades que pudieran ser muy distintas.

Una vez conocido el criterio de la Fiscalía, mañana se sabrá si la jueza Lamela está a favor o en contra de la acumulación de causas en el Supremo, aunque la última palabra la tendrá siempre el magistrado de este último tribunal.

Esta magistrada envió a prisión incondicional al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros 7 exconsellers, ordenó a Bélgica la detención y entrega de Puigdemont y otros cuatro exconsellers huidos, y previamente había acordado encarcelar, siempre a petición de la Fiscalía, a Sànchez y Cuixart.

En cambio, los integrantes de la Mesa investigados por Llarena, incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quedaron en libertad bajo fianza.

Todos ellos están siendo investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su actuación en el proceso soberanista catalán.