El Tribunal Supremo se ha declarado por unanimidad competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a los seis miembros de la Mesa del Parlament, a los que ha citado para declarar estos 2 y 3 de noviembre entre ellos su presidenta Carme Forcadell, acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación
Las comparecencias se producirán a partir de las 09.30 horas y los investigados deberán comparecer acompañados de abogado.
La sala de admisiones ha nombrado al magistrado Pablo Llarena instructor de la causa. Él será quien investigue el procedimiento y quien debería decidir si cita a los investigados y otras diligencias y, en su caso, adoptar medidas cautelares si se las pidiera el fiscal. Y de su actuación se derivará la decisión de si el Supremo debe asumir otras causas que se siguen contra estas mismas personas por hechos conectados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La inculpación de las personas acusadas, que no requerirá suplicatorio a la cámara catalana, supone también que a partir de ahora sea este magistrado instructor quien, en la medida en que avance en la investigación, perfile los delitos atribuidos a priori a los imputados. Así, podría procesarse a los querellados por sedición, rebelión o conspiración para la rebelión.
Las personas objeto de querella por parte de la Fiscalía, por su actuación en lo relativo al proceso secesionista en Cataluña, son, además de Forcadell, los exmiembros de la Mesa del Parlament catalán Lluis Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet.
En su auto, la Sala de Admisión señala además que hace extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados.
Así, el instructor podría considerar que son de competencia del Supremo, por ejemplo,, las acusaciones por desobediencia al Constitucional y delitos conexos presentadas contra Forcadell y otros miembros de la Mesa ante el TSJC.
La competencia va más allá del TSJC
El Supremo se considera competente ante el aforamiento que Forcadell y otros cuatro de los querellados mantienen por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, y ante el hecho de que, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
"El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción -la declaración de independencia de Cataluña-tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos", dice el Supremo.
Así, explica que la competencia va más allá del TSJC porque el delito de rebelión adquiere una incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado.
Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala explica que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia.
Para el alto tribunal, "será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad". Será entonces cuando se perfile si se trata de rebelión o conspiración para la rebelión.
Sobre la extensión de la investigación, la Sala dice que es el instructor, en el desarrollo de su investigación, el que debe poner de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para el Supremo, como sugiere el fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, "pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados".
Forcadell habla de "querella política"
Mientras, tras conocerse la citación del Supremo, Forcadell ha defendido este martes por la noche el "pacifismo" del Parlament y del Govern ante la "querella política" impulsada por la Fiscalía.
Después de que el Gobierno de Mariano Rajoy anunciara el pasado viernes la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, Forcadell ha puesto en valor el "pacifismo de las instituciones y la sociedad catalanas".
"Nos quieren en prisión por lo que pensamos y por lo que representamos, no por lo que hemos hecho", ha afirmado Forcadell, según un comunicado del Parlament.
A su juicio se trata de una querella "absolutamente política, llena de contenidos políticos" y "sin ninguna base jurídica", y ha señalado que el delito de rebelión requiere del "uso de la violencia", un hecho, ha defendido, "que en ningún caso se ha producido".
"Tanto la sociedad como las instituciones catalanas han actuado, actúan, y actuarán siempre pacíficamente y democráticamente", ha aseverado.
Ha recordado además que su tarea al frente de la institución y como miembro de la Mesa del Parlament es "garantizar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados", y actuar de otra manera hubiera supuesto "incumplir las funciones por las cuales nos escogieron".
En este sentido, Forcadell se ha mostrado orgullosa de la tarea que han realizado los miembros de la Mesa querellados "para que todo lo que interesa a la ciudadanía haya podido ser debatido en la sede de la soberanía nacional".
Forcadell ha tildado el escrito de la querella de una "causa general contra el soberanismo", para "criminalizarlo" y construir un relato sobre una violencia que "no ha existido", ya que ha recordado que "la violencia que hubo el 1 de octubre no fue ejercida por la ciudadanía precisamente".
"Quien piense que con las querellas o prisiones acabará con las instituciones catalanas se equivocará", ha agregado, y ha concluido que Europa "no puede mirar hacia otro lado ante la posibilidad real de que no se produzca un juicio justo, basado en la imparcialidad, la independencia y la separación de poderes".
