La Audiencia Nacional cita a Puigdemont y sus exconsellers

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado y en el que acuerda estas primeras diligencias, es decir, la citación de los 14 querellados esos dos días, a las 9 de la mañana, y también la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración.

Mientras, Carles Puigdemont ha asegurado este martes por la tarde que no ha recibido ninguna citación y ha afirmado que ha conocido la decisión de la jueza Carmen Lamela por la prensa. Puigdemont ha realizado estas declaraciones a los medios a las puertas del Hotel Chambord de Bruselas, donde se ha hospedado estas jornadas que ha pasado en la capital belga.

La magistrada Carmen Lamela se ha hecho cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero; la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

De este modo, hoy han sido admitidas las dos querellas que este lunes presentó la Fiscalía en el Supremo y la Audiencia Nacional contra los responsables en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.

El Supremo se ha declarado esta mañana competente para investigar por estos hechos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, que también han sido citados a declarar el próximo jueves y el viernes.

En su auto, Lamela precisa que los 14 declararán como investigados y también a los efectos de celebrar vistillas de medidas cautelares de carácter personal, en las que la Fiscalía puede pedir medidas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o su ingreso en prisión preventiva.

La magistrada acuerda también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.

Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum 1-O y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional.

La Fiscalía ya había solicitado que se impusiera esa fianza en la querella que presentó contra los promotores del 1-O ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ese tribunal no aceptó la solicitud.

Además, la juez ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña

En su auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.

Por ello, encaja estos hechos en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, competencia de la Audiencia Nacional.

La magistrada recuerda que "la admisión a trámite de una querella no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación judicial", cosa que no ocurre hasta "la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados".

De una manera inicial, la juez concluye que los querellados "urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre".

Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera "seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación".

Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por la Fiscalía.

Procede además a incorporar la querella a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos "se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados".

Gravedad de los hechos

Lamela afirma que "existen factores para determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real" ante la "gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso", que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el plan independentista en el Parlament.

Conforme al relato expuesto por el fiscal en su escrito, la magistrada considera en su auto que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España, en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno y, por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional.

"La finalidad última de las acciones que atribuye a los querellados era conseguir la celebración del referéndum para la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular de la Constitución", explica.

Aparente cobertura de legalidad

Atendiendo a lo dispuesto por la Fiscalía en su querella, Lamela expone que desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, y en particular Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones que iban dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación.

Al igual que el Ministerio Público, la magistrada asegura que los querellados intentaban "dar una apariencia de legalidad a las etapas del proceso de desconexión", amparándose especialmente en la actuación de los movimientos populares, ya que el objetivo era crear en la ciudadanía "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas que justificara la desobediencia de la sociedad".

En este sentido, la jueza destaca un documento de la ANC del día 12 de abril de 2015, fecha en la que era presidenta de esta entidad Carme Forcadell, en el que se planteaba el escenario de celebrar elecciones constituyentes como proceso previo a la independencia de Cataluña.

Afirmaba este escrito que ante la posibilidad de que la Generalitat fuera intervenida, la ciudadanía tenía que emerger como agente político, trabajando en tres líneas prioritarias: mantener la actividad normal del país, ensanchar la base social favorable a la constitución del nuevo Estado y organizar movilizaciones masivas, pacíficas y, cuando sea necesario, espectaculares.

Uso de los Mossos como "fuerza armada"

Sobre la utilización de los Mossos d'Esquadra por parte del Govern, la magistrada se hace eco del papel que otorga la Fiscalía a este cuerpo policial tras la declaración de independencia y expone que se buscaría utilizar esta "fuerza armada" contra quienes intentaran hacer efectiva la vigencia de la Constitución en Cataluña.

"Los querellados urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles, entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal y a la posterior declaración de independencia aprobada el pasado día 27 en el Parlament", indica el auto.

La Fiscalía se plantea pedir prisión para Puigdemont

La Fiscalía se plantea ahora pedir el ingreso en prisión del expresidente catalán y de los otros 13 exconsejeros del Govern.

En las vistillas para la adopción de medidas cautelares que Lamela ya prevé en su auto celebrar esos días tras el interrogatorio de los investigados, la Fiscalía podría sustentar su petición de cárcel en el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas -hasta 30 años de cárcel por rebelión-, y de reiteración delictiva, han informado a Efe fuentes fiscales.

En caso de que no se presenten en la Audiencia Nacional, la Fiscalía podría pedir a la juez que acordara la detención de todos aquellos que no comparecieran, a nivel europeo con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), si están localizados en un país comunitario, o con carácter internacional si es otro el paradero.

El pasado 16 de octubre, la Fiscalía ya pidió prisión para tres de los cuatro primeros investigados por sedición en esta causa, el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La juez rechazó la cárcel para Trapero y le impuso medidas cautelares más leves, entre ellas la entrega de su pasaporte, mientras que envió a prisión a los líderes independentistas, cuyos recursos contra esta decisión serán revisados por la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional el próximo viernes.

La Fiscalía expondrá en la vista lo que ya alegó la semana pasada en sendos informes oponiéndose a su salida de prisión: que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva porque ambos han seguido desde prisión "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".