Carles Puigdemont y cinco exconsellers se han trasladado a Bélgica con la opción de solicitar asilo político, mientras que el Govern -destituido el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy- ha decidido ceder al Estado el control de la administración autonómica catalana sin oponer resistencia.
En un enésimo giro imprevisto en el guion del proceso soberanista, la primera jornada laborable tras la declaración de independencia del pasado viernes en el Parlament ha venido marcada por el desplazamiento a Bruselas de Puigdemont y los hasta ahora consellers Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret.
Un traslado del que, según diversas fuentes soberanistas consultadas por Efe, no tenían constancia previa altos dirigentes del PDeCAT y de ERC, incluso representantes de Junts pel Sí (JxSí) sobre quienes pesan querellas por todo este proceso desconocían estos planes del Govern y han encajado el anuncio con "perplejidad".
El cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach ha dado por hecho el "exilio" de Puigdemont como "denuncia" contra España ante la comunidad internacional, después de que ayer el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriera que puede solicitar asilo, si bien el primer ministro, Charles Michel, lo desautorizó.
El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, ha dicho que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo deben existir "señales serias de persecución" o de que corre riesgos en el país de origen.
Explicaciones este martes
El vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el presidente cesado explicará el martes el "trabajo" que hace desde Bruselas (Bélgica).
En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele si Puigdemont pretende pedir asilo político, ha respondido: "En todo caso, el presidente se explicará. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana (por hoy) se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo".
"Lo que hace el Govern es trabajar en todos los ámbitos. Entendemos que Bruselas es un ámbito donde se puede hacer mucho trabajo", ha afirmado Junqueras.
Partidos belgas exigen explicaciones a su Gobierno
Mientras, diferentes partidos belgas pidieron hoy "explicaciones" al primer ministro del país, Charles Michel, sobre la posición de su Gobierno ante la crisis en Cataluña.
"Es urgente que Charles Michel dé explicaciones" sobre la visita de la delegación de Puigdemont a Bruselas, indicó a través de Twitter el presidente del Partido Socialista francófono (PS) y antiguo primer ministro belga, Elio di Rupo. "Bélgica se juega su credibilidad internacional", agregó.
En la misma línea, el Partido Socialista flamenco y los partidos ecologistas Ecolo y Groen instaron a Michel a dar explicaciones, indicó la agencia Belga.
Éstos últimos pidieron que el primer ministro comparezca esta semana ante el Parlamento para dar cuenta de la posición de su Gobierno ante la situación en Cataluña.
Libertad de movimientos
Por su parte, el Gobierno de Rajoy ha recordado este lunes que en "este momento" no hay "ningún tipo de restricción" a la libertad de movimientos del expresidente de la Generalitat y ha señalado que impedir su libertad sin orden judicial podría suponer un presunto delito de detención ilegal, según fuentes del Ejecutivo.
Ante la polémica creada por este viaje a Bruselas, con voces que apuntan incluso a que el expresidente catalán se le ha escapado al Gobierno, fuentes del Ejecutivo han insistido en que en "este momento no existe ningún tipo de restricción" a la libertad de movimiento.
Es más, las mismas fuentes han subrayado que si impiden la libertad de Puigdemont sin orden judicial estarían incurriendo en un presunto delito de detención ilegal. Por lo tanto, el Gobierno ha asegurado que la situación de Puigdemont en este momento está fuera de su ámbito de actuación.
El viaje -de Cataluñaha trascendido el mismo día en que la Fiscalía ha anunciado una querella contra Puigdemont y 13 exconsellers por rebelión, sedición y malversación y ha dirigido una segunda querella por esos mismos delitos al Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa.
El abogado Paul Bekaert, que representó a la presunta etarra Natividad Jáuregui -cuya entrega a España fue rechazada por la Justicia belga-, ha confirmado que ha sido nombrado "consejero" por Puigdemont.
Desde que el Parlament declaró la independencia el pasado viernes, consciente de su debilidad ante la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern no dio un solo paso para hacer efectiva la "república" catalana, no firmó un solo decreto para desplegar la ley de transitoriedad jurídica y desactivó toda movilización del soberanismo en la calle para plantar cara al Estado.
Por el contrario, y pese a la expectación levantada a primera hora de hoy por si los consellers cesados decidían resistirse a abandonar sus cargos y seguir trabajando en sus despachos, sólo Josep Rull ha acudido un rato esta mañana a la sede de la consellería de Territorio y Sostenibilidad.
Rull -uno de los nombres que junto a Santi Vila más viene sonando en las quinielas para encabezar una candidatura del PDeCAT en las próximas elecciones catalanas- ha colgado en Twitter una fotografía suya en su despacho, pero la imagen era meramente simbólica, porque el Govern cesado ya no ha reemprendido su actividad institucional y tampoco celebrará ya su reunión habitual de cada martes en el Palau de la Generalitat.
El Gobierno ha dado "unas horas" para que los exconsellers y altos cargos de la Generalitat recogiesen sus objetos personales de los despachos, con la "mayor discreción" y el principio de "intervención mínima".
Para facilitar el relevo institucional sin oponer resistencia, altos cargos del Govern están manteniendo contactos con secretarios de Estado, han explicado fuentes de la Generalitat.
También el Parlament ha acatado su disolución y Forcadell ha dado por desconvocada la reunión de la Mesa prevista para mañana, al considerar que su convocatoria ha quedado "sin efectos".
