El fiscal pide que Puigdemont y su Govern declaren por rebelión

En sendos escritos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pide que los querellados presten una fianza solidaria de seis millones en concepto de responsabilidad civil e insta a la citación "urgente" de los veinte querellados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención".

En las querellas, de alrededor de 100 folios cada una, Maza hace un pormenorizado relato de los hechos presuntamente delictivos del Govern desde noviembre de 2015 -cuando el Parlament aprobó el inicio del proceso soberanista- hasta la actualidad y desglosa las declaraciones públicas de los miembros de la Generalitat para apoyar sus acusaciones.

A los querellados les acusa de alentar "una insurrección" y "un levantamiento violento" con el fin de celebrar el referéndum y consagrar la independencia, lo que, a su juicio, constituye un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel-, que no exige que se esgriman armas, ni combate, ni actos de violencia graves, "o cuanto menos de sedición", castigado con un máximo de 15 años.

Para la Fiscalía, la resolución de los querellados de cometer el delito fue "firme" en tanto que "procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público".

Maza asegura que los querellados no buscaban solo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, sino que, a través de las entidades soberanistas -principalmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cutural-, realizaron llamamientos a la movilización popular "como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista".

Cree además que los denunciados "sabían que en un eventual referéndum ilegal solo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña y utilizaron "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población".

Para sus fines, relata, contaron con la ayuda de personajes públicos como Julian Assange y Yoko Ono, cuya colaboración, dice la Fiscalía, no fue espontánea, y también con un "lobby" estadounidense que trabajó "para impulsar la imagen del Govern", unos servicios por los que se pagaron 60.000 euros.

Con la declaración de independencia, advierte además la Fiscalía, Puigdemont asumiría en "exclusiva" el mando de los Mossos d'Esquadra, lo que "supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña".

Las querellas presentas en la Audiencia Nacional y el Supremo detallan también escenas de violencia que se vivieron en los colegios con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, cuando los miembros destituidos del Govern catalán eran "plenamente conscientes" de que la "muchedumbre iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia material y física".

De hecho, afirma el fiscal que los querellados invitaron "a determinados mandos de los Mossos d'Esquadra" a que facilitasen la celebración del referéndum y describe la inacción ese día de los agentes autonómicos, que en algunos casos llegaron a increpar a las fuerzas de seguridad estatales.

"La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la 'resistencia pacífica' no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación (...) para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes", dice Maza sobre el 1-O.

Los hechos descritos en las querellas alcanzan al pasado sábado, cuando Puigdemont hizo unas declaraciones desde la sede de la Generalitat de Girona en las que "se aboga unas competencias y una legitimación de la que carece, evidenciando su voluntad de seguir actuando como máximo responsable de la Generalitat".

Entre los querellados, en este caso ante el Tribunal Supremo por estar muchos aforados, figuran Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlament, los de JxS y CSQP que votaron a favor del proceso por tramitar leyes que "solo podía celebrarse por la fuerza -insiste- de la muchedumbre movilizada".

En el caso de Forcadell, Maza afirma hizo "tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes" y permitió la aprobación de la ley de referéndum "sin posibilidad de debate" para "dar una falsa apariencia de legalidad a este proceso, 'de facto', de demolición del ordenamiento constitucional".

Fianzas de seis millones de euros

La Fiscalía solicita sendas fianzas de seis millones de euros en las querellas contra Puigdemont y el resto del Govern como en la presentada ante el Supremo contra la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa.

En ambas querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, el Ministerio Fiscal pide que se incluya "la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros".

El Supremo continuará mañana la deliberación sobre la querella

El Tribunal Supremo ha decidido seguir mañana con la deliberación sobre si admite a trámite la querella contra los seis miembros de la Mesa del Parlament que ha presentado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación, además de otros.

Los magistrados de la Sala de lo Penal que integran la sala de admisiones, Manuel Marchena; Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar; Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, han comenzado esta tarde a estudiar el asunto, pero han decidido que será mañana cuando dictaminen y publiquen su fallo.

La reunión de la Sala se ha convocado para dirimir si se admiten las querellas y si, consiguientemente, se nombra un instructor del procedimiento, quien debería decidir si cita a los investigados y otras diligencias y, en su caso, adoptar medidas cautelares si se las pidiera el fiscal.

La Fiscalía acusa por rebelión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de JxSí y CSQP en la Mesa por dar una "falsa apariencia de legalidad" al proceso independentista y tramitar leyes como la del referéndum, que "solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada".

Así lo sostiene la Fiscalía General del Estado en la querella que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra Forcadell y los miembros de la Mesa de la cámara catalana Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó -que sustituyó a Corominas en julio pasado-, Anna Simó, Ramon Barrufet y Joan Josep Nuet.