El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha lamentado y ha pedido disculpas por los heridos y las consecuencias de las cargas policiales en colegios electorales en el operativo contra el referéndum 1-O pero ha responsabilizado al Govern de la situación porque considera que incentivó el voto pese a que el TC lo había declarado ilegal.

"De los 2,3 millones que votaron en el referéndum sólo una está hospitalizada. Se habría evitado sólo con que el presidente de la Generalitat hubiese pedido no ocupar los colegios", ha sostenido en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Al preguntársele si se ha planteado dimitir por el operativo, lo ha negado y ha dicho que le incentivó a seguir trabajando para evitar problemas mayores.

Millo ha explicado que hubo incidentes en 13 de los 2.315 puntos de votación porque la policía se encontró barreras humanas que impidieron el acceso o la salida de los centros y que fue en este contexto donde los agentes tuvieron que usar la fuerza para "abrirse paso".

Ha reprochado la "respuesta ambigua" del Govern a la orden judicial de impedir el 1-O, porque considera que es imposible desobedecer la ley e intentar cumplir una orden de un juez, aunque ha eximido a agentes de Mossos d'Esquadra de la responsabilidad de su operativo porque se limitaron a responder a órdenes de sus superiores, según él.

Sobre los actos de protesta posteriores contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ha cifrado en 107 (82 contra la Benemérita y 25 contra la Policía), ha pedido que desde las instituciones catalanas "se deje de instigar al odio contra personas que hacen su trabajo", y ha afirmado que, si un policía nacional o un guardia civil no hubiera hecho bien su trabajo, debería rendir cuentas.

Millo, cree que habrá una orden judicial para impedir la celebración del pleno del Parlament suspendido por el Tribunal Constitucional y que deberán ser los Mossos d'Esquadra los que eviten que la sesión tenga lugar.

Según ha pronosticado en una entrevista de TV3, recogida por Europa Press, habrá una orden judicial para que el Pleno donde se prevé que aborde las consecuencias del 1-O, lo que puede incluir una declaración de independencia, no se lleve a cabo.

Además ha reprochado a la Generalitat falta de "lealtad institucional" y considera que sólo se dialogará con el Govern cuando haya "personas que quieran dialogar". En este sentido, ha emplazado a los dirigentes catalanes a hacer una propuesta para cambiar el marco legal que permita la celebración de un referéndum acordado.

Este viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado una comparecencia a petición propia la tarde del martes en el Parlament debido a la "situación política", aunque no ha aludido ni al referéndum ni a al artículo 4 de la Ley del Referéndum.