El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado hoy que ni la Policía ni la Guardia Civil abandonarán ningún hotel en Cataluña en el que exista un contrato en vigor.

Zoido ha comunicado la decisión acordada en una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que ha participado junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Turismo, Álvaro Nadal.

Además, el Ministerio del Interior ha ampliado hasta el próximo día 11 la estancia en barcos de policías y guardias civiles desplegados en Cataluña, que cumplía pasado mañana, han informado a Efe fuentes policiales.

Este anuncio se hace después de que este lunes trascendiese que varios hoteles de localidades como Calella y Pineda de Mar (Barcelona) se vieran obligados a desalojar a cientos de agentes que se hospedaban allí tras recibir presiones por parte de los ayuntamientos.

Evitar "comportamientos mafiosos

También este martes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo tiene preparadas todas las actuaciones para evitar que se siga "pisoteando" la libertad en Cataluña y para evitar los "comportamientos mafiosos" que cree que se están sucediendo allí.

Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar un acto sobre turismo de calidad en España, ha señalado que el Gobierno está hablando con los diversos partidos sobre esas medidas.

Al plantearle si entre esas actuaciones se encuentra el artículo 155 de la Constitución, ha subrayado que en lo que está trabajando el Ejecutivo es en aplicar medidas que protejan al pueblo de Cataluña porque cree que lo que más se está vulnerando con el comportamiento "antidemocrático, de coacción y de amenaza" de la Generalitat es el interés general de los catalanes.

Mientras tanto, la Fiscalía General ha recibido información sobre las expulsiones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de diferentes hoteles de Cataluña y va a investigar esos hechos y, sobre todo, si ha habido "amenazas o presiones ilegales" sobre los hosteleros para que se les cerraran las puertas.

La "información se está analizando para ver si procede iniciar actuaciones, si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos", dice una nota de la Fiscalía.