Desafío independentista

La Fiscalía imputa a los alcaldes que apoyan el referéndum del 1-O

El ministerio público ordena interrogar a los ediles independentistas y deternerlos si no comparecen

14.09.2017 | 13:47
La Fiscalía imputa a los alcaldes que apoyan el referéndum del 1-O

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.

Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Jnqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña "exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal" e insiste en que cualquier conducta de las "autoridades" que facilite el 1-O puede constituir delito.



Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal".

En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar "a los Mossos d'Esquadra como policía judicial" para que la lleven a cabo "en el plazo más breve posible".

El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población.

La nota cita la dirección de la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia que incluye a 712 ayuntamientos catalanes que, según el ministerio público, han firmado un decreto para poner a disposición del Govern locales para celebrar el referéndum.

El listado colgado en dicha página web incluye municipios de las cuatro demarcaciones, como Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.

Los alcaldes independentistas desafían al Gobierno y a los tribunales. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Los alcaldes de la CUP no irán a declarar voluntariamente


La CUP ha anunciado que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O.

La CUP indica en un comunicado que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco "comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y emplaza al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación".

La CUP desafía a la Fiscalía y advierte de que sus alcaldes no irán a declarar. Vídeo Agencia ATLAS/Foto: EFE

Para predicar con el ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa cómo "archiva la advertencia del Gobierno" pasándola por una trituradora de papeles.

En el segundo tuit afirma: "Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme".




La CUP dice a la fiscalía que su estatuto "no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante una citación", y que esto "sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales".

La formación anticapitalista catalana denuncia, asimismo, lo que considera " actuación demofóbica y ataque a los derechos fundamentales" por parte del Estado español "ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

TC pregunta a los síndicos del 1-O si le están desobedeciendo


Por su parte, el Constitucional ha preguntado a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana encargada del seguimiento de la convocatoria del 1 de octubre si están o no cumpliendo la suspensión de su nombramiento que el alto tribunal acordó la semana pasada.

Además, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado de nuevo la recusación contra ellos de Carme Forcadell. La presidenta del Parlament presentó un recurso de súplica contra el rechazo de su recusación que acordó recientemente el alto tribunal, que ha vuelto a descartar sus argumentos.

En cuanto a los síndicos de Cataluña, todos ellos juristas, el Constitucional anuló su nombramiento al admitir a trámite la impugnación del Gobierno central contra el mismo.

El abogado del Estado ha pedido luego al alto tribunal que ejecute aquella decisión, pues a su juicio se está desobedeciendo. Antes de proceder, eventualmente, a multas, o de pedir al fiscal que actúe contra ellos, el Constitucional les ha dado la oportunidad de explicarse, lo que es un paso necesario de acuerdo a la ley.

Para ello el TC ha enviado un exhorto a los afectados para que expliquen cómo están cumpliendo sus resoluciones.

En su comunicación el TC requiere personalmente a las personas que integran dicha sindicatura electoral de Cataluña, titulares y suplentes, para que, "en el plazo de 48 horas, informen a este Tribunal de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña".

Asimismo, a petición de la Abogacía del Estado, ha acordado ampliar la notificación de la providencia del pasado día 7 a todas las personas designadas para conformar las sindicaturas electorales de los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Es decir, en la práctica, les pregunta si le están desobedeciendo, como paso previo a la deducción de testimonio por desobediencia ante la fiscalía o la imposición de sanciones cautelares para que acaten la resolución.

El Tribunal Constitucional volvió a apercibir a los síndicos ayer en su auto de admisión a trámite y suspensión del recurso gubernamental contra la Ley de Transitoriedad catalana.
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