Desafío independentista

El TSJC admite la querella contra Forcadell y la Mesa

El tribunal aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en la actuación de este órgano de la Cámara catalana

12.09.2017 | 17:44

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa, aunque por el momento no entra a pronunciarse sobre el delito de malversación.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC justifica así la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra la presidenta Carme Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar la ley del referéndum y la transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Aunque la Fiscalía achacaba a Forcadell y a los miembros de la Mesa Lluís Ginó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos ellos de Junts Pel Sí (JxSí), y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), los delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", prevaricación y malversación, este último tipificado con penas de prisión, el TSJC ve fundamentados "al menos, los tipos penales desobediencia y de prevaricación", pero no se pronuncia sobre el de malversación.

"Se impone la admisión a trámite de la querella presentada por el Ministerio Fiscal al valorar inicialmente como posible la comisión de un delito de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación (...), sin perjuicio de cualesquiera otras calificaciones jurídicas alternativas o concurrentes, al ser las presentes meramente provisionales", argumenta el auto.

Con estos argumentos, la Sala de lo Penal del TSJC se declara competente para juzgar a Forcadell y a estos cuatro miembros de la Mesa y ordena incoar diligencias previas para investigar los hechos descritos en la querella de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos "de uno o más delitos" de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación.

En consecuencia, el TSJC acuerda acumular esta querella al procedimiento abierto contra la presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa, que instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.

El auto recuerda que los querellados tienen el derecho a interponer recurso de súplica "sin efectos suspensivos" en un plazo de tres días.

La Fiscalía solicitaba en la querella que se tome declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados, y reclamaba también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro; al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra; y a su secretario segundo, David Pérez.

Se trata de la tercera querella presentada contra Forcadell por desobedecer reiteradamente las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Forcadell denuncia la "escalada judicializadora"

Mientras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticado hoy el "uso indiscriminado" que hace el Gobierno de los tribunales para resolver el conflicto catalán, y ha considerado que la nueva querella obedece a una "escalada judicializadora" para intentar parar el referéndum del 1-O.

Forcadell, los tres miembros de la Mesa de Junts pel Sí y el de Catalunya Sí Que Es Pot han valorado así que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecie indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en la actuación de la presidenta del Parlament y otros cuatro miembros de la Mesa.

En una comparecencia conjunta en el Parlamento catalán, Forcadell ha denunciado que el Gobierno y la Fiscalía pretenden "coartar" la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados, instándoles a aplicar una "autocensura" para que la Mesa de la cámara catalana actúe como un "Tribunal Constitucional en miniatura".

"Nos negamos -ha dicho- a convertirnos en censores a las órdenes de un Gobierno, porque nuestro trabajo es favorecer el debate no coartarlo".

La presidenta de la cámara considera que esta nueva querella contra los miembros de la Mesa obedece a la "escalada judicializadora" del Gobierno de Mariano Rajoy para "intentar" frenar el referéndum previsto para el 1 de octubre.

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