El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado hoy que el Gobierno mantendrá de momento el dispositivo de la Guardia Civil reforzado en el aeropuerto de El Prat por la reciente huelga, ya desconvocada, de los empleados de los arcos de seguridad de Eulen.

El número de efectivos seguirá ante el nuevo paro de los trabajadores de Eulen convocado todos los viernes a partir del 8 de septiembre.

De la Serna ha añadido que incluso se podría reforzar aún más este dispositivo los días de paro en función de la magnitud de las colas de viajeros que pudiera generar esta nueva protesta.

El aumento de los efectivos de la Guardia Civil se planteó como medida transitoria hasta que se produjera una normalización de la situación y una resolución del conflicto, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público en el aeropuerto catalán, ha recordado.

El ministro ha defendido dicho incremento que se hizo para mitigar el riesgo terrorista que provocaban las largas colas y aglomeraciones generadas por la huelga de los trabajadores de Eulen.

De la Serna ha señalado en la Comisión del Congreso, en la que ha comparecido a petición propia para explicar como se gestionó el conflicto, que en la toma de esa decisión, se tuvo en consideración el nivel de alerta terrorista 4 sobre 5 y el hecho de que los paros, en su inicio parciales, se convirtieran a partir del 14 de agosto en una huelga indefinida de 24 horas.

En este nivel de alerta terrorista, la aglomeraciones en las zonas públicas del aeropuerto podían provocar, según el ministro: "Situaciones de riesgo, como por desgracia todos los españoles conocemos".

Según De la Serna, se ha demostrado que el riesgo era "absolutamente real" y la decisión de reforzar la vigilancia en los controles era "obligación" del Gobierno ante una huelga que generaba aglomeraciones muy importantes en una infraestructura crítica.

De lo que se trataba era de "garantizar la seguridad pública", ha insistido De la Serna, para quien el Ejecutivo "hizo lo que tenía que hacer" y el caso contrario, ha dicho, habría sido "una irresponsabilidad".

De la Serna ha aclarado que estos agentes "en ningún momento" han sustituido ni sustituyen a los trabajadores de Eulen que estuvieron realizando sus funciones, ya que los servicios de vigilancia de cualquier empresa en los aeropuertos se desarrollan bajo la supervisión de la Guardia Civil desde 1999.

Según el ministro, la entrada de la Guardia Civil devolvió la normalidad al aeropuerto de El Prat, y desde entonces no se han producido incidencias significativas en los filtros de seguridad y en los tiempos de espera.

Desde que arrancó el conflicto en el aeropuerto barcelonés, donde Eulen presta sus servicios tras ganar la licitación de Aena, tanto la oposición como los sindicatos han pedido que se revise la adjudicación de los contratos públicos para evitar que se produzcan bajas temerarias.

La portavoz del Grupo socialista Mercé Perea ha insistido hoy en que el precio "no debe ser el único condicionante" para adjudicar en los aeropuertos esos contratos públicos y ha añadido que el Gobierno ha podido establecer una reducción en estas contrataciones.

Perea ha pedido, además, el cese inmediato del presidente de Aena, José Manuel Vargas, por "deslealtad a la nación" en cuanto a la gestión que le hubiera correspondido durante la citada huelga.

De la Serna ha negado que existiera una baja temeraria en la adjudicación del contrato de la seguridad en El Prat, que ganó Eulen.

Ha explicado en la Cámara Baja que para realizar esas funciones en El Prat se presentaron tres empresas, Eulen, Prosegur -adjudicataria de la seguridad en el de Madrid-Barajas- y una más que fue descartada por incompatibilidades.

Tanto Eulen como Prosegur, ha dicho el ministro, tenían una baja del 2 % que está, a su juicio, "lejos de lo que es una baja temeraria", para un contrato de más de 23 millones de euros.