El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha asegurado hoy en el juicio contra él y otros siete antiguos directivos que hasta quince días antes de la intervención ignoraba que hubiera problemas en la entidad, ya que carecía de conocimientos técnicos y financieros.
Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Crespo ha insistido en que como presidente no ejecutivo fue "un mero instrumento" y que no necesitaba saber de cuestiones relacionadas con la contabilidad o las finanzas, campos que además no le "gustaban".
Durante las casi dos horas en las que ha respondido a la Fiscalía, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), la Fundación Caja Mediterráneo y su defensa, ha asegurado que siempre se fió del criterio de otros directivos, algunos "con más de 35 años" de experiencia de los que "no tenía por qué dudar".
Entre ellos, ha destacado a los ex directores generales, también acusados y que han declarado hoy, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, que solían presentarle documentos sobre el estado de la entidad que firmó "de buena fe y con confianza" al tratarse de "excelentes técnicos" que "no preguntaban nada" ya que su opinión "no les servía".
Sobre la situación de insolvencia de la CAM, que tras la intervención del Banco de España en julio de 2011 evidenció unas pérdidas de 1.136 millones de euros en vez de los 65 millones de ganancias contenidos en los estados contables, ha dicho que nunca sospechó de una posible quiebra ya que quince días antes de ese proceso las noticias seguían siendo positivas.
Todos los consejos de administración desde su llegada "aprobaron cuentas positivas, siempre por unanimidad", ha dicho, sin que la auditora KPMG pronunciase "salvedad alguna", y ha recordado que a ese clima de tranquilidad contribuyó la ministra de Economía de la época, Elena Salgado, quien "decía que las cajas de este país estaban bien".
También ha cuestionado la decisión del Banco de España de intervenir, ya que una vez que la CAM fue consciente de sus limitaciones solicitó sólo "la nacionalización, lo que no hubiera implicado nada, sólo recibir la ayuda pública, seguir el proceso bancario y después devolverlo".
En respuesta al letrado del FGD, Carlos Gómez Jara, que solicita para él nueve años de cárcel por falsedad societaria, estafa a inversores y manipulaciones informativas, Crespo ha dicho "desconocer todos los procedimientos" en los que estaba inmersa la CAM, entre ellas el proyecto de fusión fría en Banco Base con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, que finalmente no culminó.
Al respecto, ha negado conocer los motivos por los que esa integración no llegó a producirse y ha relatado que no asistió a la reunión con los directivos del resto de entidades porque se fue a "visitar 'outlets' de zapatos con las señoras" de los otros representantes.
Acto seguido, López Abad ha explicado que el hecho de que las cuentas, incluidas las de 2010 y las del primer semestre de 2011, fueran auditadas por KPMG, constituía una "red de garantías de que todo estaba funcionando bien", no en vano la firma, con la que trabajaban "desde hacía 19 años", conocía la caja "mejor que nosotros".
No obstante, tanto el fiscal como el juez instructor Javier Gómez Bermúdez en su auto de abril de 2015 concluyeron que la entidad ocultó información al auditor en 2010 en relación con las opciones de recompra que tenían unas titulizaciones de crédito por valor de 168 millones, por lo que la entidad debió mantener la provisión correspondiente por estas opciones.
KPMG requirió entonces a la CAM, ya intervenida, para que corrigiera este hecho en sus cuentas, advirtiéndolo en el informe de auditoría de 2011.
La caja, ha explicado López Abad, "no era la primera de la clase", ha explicado, pero tampoco "lo peor de lo peor", en referencia a unas declaraciones del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; de hecho, se les ofreció "ser los primeros del sector en emitir cuotas participativas".
La declaración de Amorós se ha centrado en destacar que el Banco de España en cierto modo "intentó que suspendieran los test de estrés" de 2011 al obligarles a aplicar normas contables que otras entidades no tuvieron que asumir hasta 2012 o 2013.
En cuanto al proyecto de fusión con otras cajas, ha señalado que no llegó a producirse debido a los requerimientos de capital que exigía el real decreto de febrero de 2011, en lo que ha coincidido con López Abad.
