Técnicos de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, ratifican hoy el informe que acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de varios delitos fiscales con los que habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 a través de un entramado de sociedades.

Los técnicos, citados por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, expondrán ante la Fiscalía Anticorrupción y las defensas su versión definitiva en relación a los hechos denunciados por la ONIF, en una jornada en la que también está prevista la comparecencia como investigado del asesor fiscal del exvicepresidente, Fernando Sedano.

Las citaciones se producen dos años después de la detención de Rato tras el registro de su domicilio, en el que agentes de Aduanas incautaron toda la documentación que ahora obra en una causa con múltiples piezas separadas sobre presunta corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal en las que también figuran personas de su círculo profesional.

En su informe final de 642 páginas, la ONIF habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio exvicepresidente del Gobierno.

Al respecto, los técnicos insisten en que Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros durante esos años a través del "tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas; rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de actividad empresarial" no deducibles.

Como parte de esta operativa, el fisco identifica a dos despachos de abogados, Findsbury Trust, de Gibraltar, y Plazas, de España, donde precisamente trabajaba como asesor fiscal Fernando Sedano, señalado por conocer algunas de las supuestas irregularidades como que el contrato suscrito entre Telefónica y Rato podía "entrar de lleno en el terreno de la simulación".

Así lo estima Hacienda, que en su informe incorpora el correo electrónico en el que Sedano alertaba de la "verbena de facturas en torno a Kradonara; Kradonara a Telefónica; RR (Rodrigo Rato) a Kradonara" como prueba.

Estas últimas comparecencias se producen en un momento clave de la investigación, después de que la Guardia Civil detectase que varias de las empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente relacionadas con su familia.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el exvicepresidente responderá esta misma semana al atestado del Instituto Armado antes de que expire el plazo habilitado por el magistrado para presentar alegaciones.