La Audiencia de Palma acaba de pronunciarse en un insólito caso: una persona que okupó una casa en Ibiza y la alquiló a dos mujeres sin permiso del propietario del inmueble demandó a estas por impago de las rentas y pidió su desahucio.

El tribunal ha desestimado la demanda del okupa y ha dispuesto que la dos mujeres sigan en el inmueble, que sí alquilaron legalmente a su dueño.

La historia ha ocurrido en Ibiza, una isla donde hallar una vivienda barata de alquiler se ha convertido en una utopía.

Los hechos se remontan al 15 de septiembre del 2015, cuando el demandante se atribuyó la condición de inquilino de una vivienda situada en Ibiza capital. Haciendo uso de una posibilidad legal, el falso inquilino subarrendó el inmueble a dos mujeres, desde el 10 de octubre de 2015 hasta el 15 de junio del 2016.

Las inquilinas tenían que pagar una renta de 700 euros al mes y depositar una elevada suma de fianza.

Falsificación de la firma del propietario

Sin embargo, las dos mujeres hicieron pesquisas y averiguaron que el legítimo propietario de la casa había denunciado a su 'casero' por okupar la vivienda y falsificar una firma.

Las inquilinas decidieron no pagar al impostor y firmar un contrato legal con el dueño del piso.

La sorpresa de las mujeres fue mayúscula al comprobar que el okupa les demandó judicialmente para reclamarles 3000 euros de rentas y fianzas impagadas y forzarles a abandonar el piso.

Un juzgado de primera instancia de Ibiza desestimó la demanda del okupa, que, lejos de amilanarse, apeló la sentencia ante la Audiencia. Ahora la sección quinta ha desestimado su recurso.

El okupa sostenía que formalizó un contrato verbal de alquiler con el dueño, pero no ha podido demostrar ese acuerdo. El tribunal ha decidido rechazar esta peculiar petición de desahucio.

Otro caso

Este caso sale a la luz después de otros como el que denunció el desolado propietario de una vivienda que se encontró con que, después de meses preparándola para entrar a vivir, dos personas la habían ocupado tras forzar las cerraduras.

El afectado, que lleva en la isla 20 años, se había comprado hace un año un piso en una zona turística del norte de la isla, con la idea de hacer arreglos e irla amueblando para trasladarse este verano a vivir allí con su compañera. Mientras, la pareja residía con el padre de ella.

El hombre ya había llevado a la que iba a ser su nueva casa la cama, un televisor nuevo e incluso la ropa de ambos. La pareja pasaba ya los fines de semana en el piso, preparándolo para el traslado. Pero la sorpresa les llegó a finales de marzo, cuando se encontraron que alguien había cambiado el bombín de la cerradura con un taladro. Entonces la casa estaba vacía. Podría haber forzado la puerta, al tratarse de su propiedad, pero optó por denunciar a la Guardia Civil.

Unos días después, por fin descubrió que había alguien dentro y llamó al instituto armado, que envió una patrulla. En el piso había dos hombres -padre e hijo, según le explicaron luego- y un perro. Uno de los individuos vestía, además, la ropa del propietario legítimo de la vivienda. Este hombre explicó que tenía un contrato firmado de alquiler y mostró una especie de recibo, alegando que había abonado ya unos 2.000 euros por el arrendamiento. El caso está en los juzgados, donde el Decanato debía decidir cómo gestiona este asunto.