El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha rechazado este martes los motivos planteados por las defensas de los 65 acusados por el uso de tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid para intentar parar el juicio que se celebra en su contra. "Han intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable", ha dicho.

En su primera intervención ante el tribunal que juzga a los exconsejeros y altos cargos de la caja madrileña, Luzón ha alabado la "habilidad" de los letrados de las defensas para anular o impugnar pruebas básicas para la vista oral. "Está a la vista la experiencia y la alta cualificación de todos ellos", ha dicho.

En cuanto a los nuevos correos electrónicos aportados por Bankia y en los que se hace referencia a la gestión de las tarjetas, el representante del Ministerio Público ha defendido la conveniencia de que se acepte su presentación.

En su opinión, los emails no atentan contra el derecho a la intimidad de los titulares de las tarjetas 'black' ya que son mensajes almacenados en el servidor de Caja Madrid y, por tanto, no revisten carácter personal.

Luzón también se ha referido al informe pericial sobre el uso de los plásticos que ha aportado la entidad y ha coincidido con las partes en que se trata de una "pseupericia" y como tal debe ser tratada.

Inyección de ayudas públicas

Luzón ha destacado que la investigación llevada a cabo por Bankia, heredera del negocio de Caja Madrid, estaba justificada "máxime cuando se trataba de una entidad que había recibido una importante inyección de ayudas públicas".

En su opinión, "los españoles hemos pagado no se si el entierro pero si el funeral de Caja Madrid a través del FROB, donde estamos representados todos los ciudadanos".

Por ello, resultaba indispensable conocer el contenido de esos correos, intercambiados entre departamentos internos de la caja y que contenían información particular de los usuarios.

Dichos correos, intercambiados "por empleados de Bankia y que son propiedad de la entidad" y que fueron aportados el pasado viernes -algo que desconocían muchos de los 65 acusados-, son de "una indudable relevancia", pese a que no aportan nada a la investigación, ha dicho Luzón.

Tampoco lo hace un informe pericial elaborado por la consultora KPMG que presuntamente demostraría que las tarjetas no contaban con soporte legal y que para el Fiscal se trata de una "seudopericia que no habilita a su autor a ilustrar a la sala sobre cuestiones jurídicas que ya deberíamos conocer".

En cualquier caso, ha admitido que a él también le hubiera gustado disponer de toda esta información con anterioridad, como manifestaron ayer varios de los abogados defensores.

Y aunque ha añadido que la incorporación de estos correos, tras la denuncia del FROB y el Ministerio Fiscal, afectaría al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ha subrayado que "no son derechos absolutos, sino que están limitados a la salvaguarda de intereses constitucionales".

Los correos analizados, almacenados en el servidor de la empresa, en este caso Caja Madrid, son propiedad de la caja, "y por lo tanto no se ha vulnerado ningún derecho ya que las conversaciones intervenidas no tienen carácter íntimo".

Otra cosa, ha añadido, es la supuesta carga incriminatoria que tienen, pero ello "no convierte en íntimo lo que tiene un carácter profesional".

Mismas conductas bajo la presidencia de Rato

El Ministerio Fiscal "tiene toda la legitimidad para pedir los cargos de una tarjeta de crédito, datos de cuentas, préstamos, operaciones de todo tipo, cheques, transferencias", y está especialmente habilitado para la investigación de operaciones bancarias y financieras, e incluso para solicitar datos tributarios.

Luzón ha recordado que si bien la Fundación Cajamadrid es la heredera de la extinta entidad, Bankia continuó con el negocio bancario, y en tono irónico ha preguntado a la sala cómo es posible que el nuevo banco tuviera que asumir todo un negocio del que no conoce su funcionamiento interno, y en cuyo seno volvió a reproducirse estas conductas, ya bajo la presidencia del exministro Rodrigo Rato.

Asimismo, ha resaltado que no hay posibilidad material de desgajar los gastos de Caja Madrid de los de Bankia, ya que fue ésta la que satisfizo muchos de los gastos procedentes de la extinta caja.

De este modo, resulta evidente que Bankia fue perjudicada por los gastos de las tarjetas "opacas", razón por la que la caja instó a todos los usuarios a que restituyeran las cantidades al banco.

En cuanto a la petición de varias de las defensas sobre la prescripción de los delitos, "está más claro de lo que parece", ha asegurado, ya que tal y como está redactada la acusación el plazo de prescripción es de diez años y no de cinco.