La portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado este martes que la Generalitat seguirá aplicando la hoja de ruta soberanista, pese a la suspensión dictada el lunes por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la decisión del Parlament de dar luz verde a un proceso constituyente que derive en la independencia de Cataluña.

"Estamos trabajando en la línea de la hoja de ruta, una hoja de ruta plenamente democrática, y cumplimos con las resoluciones y mandatos del Parlament del tipo que sean", ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

"Acataremos el mandato democrático del 27 de septiembre -las últimas elecciones autonómicas-", ha manifestado Munté menos de una hora después de que varios representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hayan entregado a todos los miembros del Govern una notificación con la decisión del TC de este lunes.

Estos representantes han entregado un documento para cada conseller y para el presidente y lo han tenido que firmar conforme lo habían recibido, y Munté ha explicado que algunos miembros del Govern tenían "cierta experiencia" con el procedimiento, ya que el Alto Tribunal ya les notificó la suspensión de la resolución soberanista del 9 de noviembre de 2015.

"Nos damos por enterados", ha sentenciado Munté sobre las notificaciones, que han llegado al Palau de la Generalitat aprovechando la tradicional reunión de los martes del Consell Executiu, por lo que así todos los consellers se encontraban en la sede del gobierno catalán.

¿Desobediencia?

La portavoz ha evitado emplear conceptos como el de desobediencia o desacato al Alto Tribunal, pero si ha insistido en que la Generalitat cumplirá con todos los mandatos que se aprueben en el Parlament al margen de lo que diga el TC: "La obediencia del Govern es al mandato del pasado 27 de septiembre".

Munté también ha considerado que el Gobierno central hubiera querido que el TC hubiera ido "más lejos de lo que finalmente ha ido", ya que ha suspendido la decisión del Parlament, pero no ha tomado decisiones directas sobre responsables de la votación como la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

Homs cree el PP busca el apoyo de C's

El portavoz de la antigua Convergencia, Francesc Homs, ha afirmado, "con un punto de honor", que hoy, al quedarse sin grupo, "pagan" las consecuencias de la resolución independentista del Parlament y ha sugerido además que detrás está el pacto que el PP busca con C's para tener el sí a la investidura.

Homs, portavoz del Partit Demòcrata Català (PDC), ha explicado en una rueda de prensa que así se lo han trasladado los portavoces con los que ha hablado, después de que la Mesa de la Cámara haya aprobado que los nacionalistas catalanes no tengan grupo propio, por primera vez en la historia del partido.

Los ocho diputados catalanes se registrarán en el Grupo Mixto al considerar que es "lo más práctico" en este momento, ha dicho Homs, y por ahora no se plantea hablar con ERC para poder unirse al suyo, una opción que hasta ahora los republicanos habían desechado.

Lo primero que van a hacer es interponer un recurso de reconsideración ante el órgano de gobierno de la Cámara al entender que tienen "derecho" a tener grupo propio, también en el Senado, donde ayer se decidió igualmente que no tuvieran grupo, y lo defenderán "hasta el final".

Los miembros del Govern, notificados

Los miembros del gobierno catalán han empezado a recibir hoy personalmente la notificación del Tribunal Constitucional (TC) para que paralicen cualquier iniciativa que ignore la suspensión de la hoja de ruta soberanista, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades penales si no lo hacen.

Según han informado fuentes políticas, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han empezado hoy a notificar personalmente a los miembros del Consell Executiu de la Generalitat la resolución acordada ayer por el Constitucional que suspende la resolución aprobada el pasado 27 de julio en el pleno de la cámara catalana sobre la hoja de ruta independentista.

Además de notificar la resolución del Tribunal Constitucional, los secretarios judiciales indican a los miembros del ejecutivo su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión del acuerdo de la cámara catalana y les advierten de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, si no lo hacen.