La Policía y la Agencia Tributaria han intervenido uno de los mayores centros de "minería" de bitcoin, en el que unos potentes procesadores generaban monedas virtuales para que una organización criminal blanqueara las ganancias de un fraude en la distribución de contenidos de televisión pirata.

La operación, de la que han dado cuenta responsables policiales, efectivos de Vigilancia Aduanera y de Europol, se ha saldado con la detención de 30 personas en Córdoba, Málaga, Valencia, Madrid, Palma de Mallorca y Lugo y con la incautación de 140 potentes procesadores informáticos.

Una "importante y novedosa investigación", en palabras del comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía, Héctor Moreno, pues se trata de una de las mayores cantidades de centros de fabricación de bitcoin localizados en Europa hasta la fecha.

Hasta el momento, los investigadores se han incautado de 78,3 bitcoins con un valor en el mercado de 31.320 euros (cada bitcoin se cotiza aproximadamente a unos 400 euros), lo que supone también una de las mayores hasta ahora producidas.

Según han explicado agentes especializados en el Blanqueo de Capitales y la Propiedad Intelectual, la organización había adquirido estas unidades para ponerlas a disposición de la llamada comunidad bitcoin. A cambio de sus servicios, generaban monedas virtuales.

Así, la organización criminal integrada por españoles había invertido en estos potentes procesadores que, con un añadido fraude al fluido eléctrico pues necesitan mucha potencia, les proporcionaban hasta un bitcoin al día.

Los centros de "minería", ha explicado Moreno, eran utilizados como un método de blanqueo de capitales para este entramado criminal, ya que lo generado en bitcoin era intercambiado por euros y puesto de nuevo en el circuito financiera normal o invertido en vehículos de lujo o inmuebles.

"Las ganancias totales están todavía en proceso de cuantificar porque la investigación no ha hecho más que empezar", ha señalado el jefe de la UDEV, al tiempo que el responsable de Europol se ha felicitado por el éxito de la operación que demuestra que no importa lo sofisticados que sean los criminales ni sus método para, al final, conseguir detenerles.

Hasta estos 30 arrestados y su método de blanqueo, la Policía llega tras una denuncia en 2011 en la distribución de contenidos de televisión de pago de forma pirata a través de varios métodos.

Por un lado, el sistema denominado "cardsharing" que consiste en el acceso a plataformas de televisión de pago de forma pirata mediante una antena parabólica orientada a determinados satélites, un receptor manipulado y una conexión a internet.

La organización criminal contaba con un complejo entramado empresarial dedicado a distribuir decodificadores de señales de televisión que importaban de China y que no declaraban correctamente en la aduana al ocultarlos en mercancía legal.

Instalaban el programa informático que permitían acceder a la señal de televisión codificadas alojadas en servidores distribuidos en diferentes localidades españoles y europeas y, por último vendían estos decodificadores a clientes particulares o, incluso a hoteles o restaurantes.

Su segundo método, más evolucionado pero más sencillo, se llama sistema IPTV. A través de una suscripción mensual, trimestral o anual, un terminal decodificador conectado a Internet permitía el acceso a más de 1.600 canales de televisión de diferentes países, para los cuales carecían de explotación de derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos emitidos y sobre la difusión de los mismos.

Con esta faceta, el entramado se presentaba como una compañía más de televisión con apariencia legal que ofrecía unos servicios de emisión de contenidos sobre los que, en realidad, no tenía ningún derecho.

Y fue por la denuncia de una empresa afectada en la clonación de sus decodificadores de televisión la que hizo llegar hasta el primero de los 30 detenidos, que tenía una empresa que, a través de páginas web registradas a nombre de testaferros, se dedicaba a la venta de estos aparatos.

Tras identificar a este "empresario" afincado en la Comunidad Valenciana, los investigadores descubrieron sus relaciones con otras plataformas de internet que facilitaban al usuario cómo instalar estos decodificadores pirata.

Con todo, este detenido pertenecía al segundo escalón de la organización. Al frente de la misma se encontrarían los responsables de una mercantil, ubicada en Barcelona y dedicada a la importación y venta de material eléctrico y electrónico para las telecomunicaciones en general.

Esta empresa es una de las principales importadoras y fabricantes de decodificadores que, manipulados con un firmware compatible con el software instalado de fábrica, permitirían acceder a un servidor remoto desde el cual se emitían contenidos de plataformas de televisión de pago de manera gratuita.

Una vez identificados y localizados los responsables de la trama y tras analizar toda la información obtenida durante las pesquisas, se practicaron las detenciones: Córdoba (13), Málaga (4), Valencia (5), Barcelona (5), Madrid(1), Palma de Mallorca (1) y Lugo (1), de cuales 3 han ingresado en prisión.

Durante los 38 registros los agentes se han incautado de seis centros de "minería" bitcoin, 48.800 decodificadores, 183.200 euros en efectivo, 78,3 bitcoins (con un valor de 31.320 euros), 10 vehículos de gama alta, 4 motocicletas, un vehículo de lujo falsificado, una avioneta, documentación bancaria y contable, y material informático.