El Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha abierto diligencias previas contra el exdiputado del PP por Murcia y excomisionado del Gobierno regional, Vicente Martínez-Pujalte, a raíz de una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No obstante, el Juzgado vallisoletano ha remitido la causa al Juzgado Decano de Madrid al considerar que los delitos se cometieron en la capital de España.

La Fiscalía de Valladolid había presentado la denuncia contra el exdiputado del PP por Murcia por los cobros a las empresas a las que asesoró cuando era parlamentario de la Cámara Baja, que él mismo ha reconocido. También va dirigida contra la exdiputada Ana Torme y contra Alejandro Llorente Muñoz, vicepresidente de Construcciones Llorente SA (Collosa).

La Fiscalía acusa al exparlamentario murciano de los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho por simular cobros a diferentes empresas por servicios inexistentes, entre las cuales estaría una compañía implicada en las irregularidades en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León que también están siendo investigadas en los tribunales. Martínez-Pujalte reconoció haber cobrado 75.000 euros entre 2008 y 2009 a través de su despacho de asesoría de la constructora Collosa -ya cerrada.

El juzgado de Valladolid al que ha correspondido la denuncia de la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, ha optado por remitir diligencias al juzgado decano de Madrid al entender que los hechos que deben ser investigados ocurrieron en la capital de España.

Martínez-Pujalte, que también fue el portavoz de Economía del PP en el Congreso, ha sido diputado por Murcia durante las dos últimas legislaturas, pero no repitió en las listas del 20-D. Con anterioridad había ocupado el escaño del PP en la Cámara Baja por Valencia.

Las labores de asesoramiento a empresas privadas que realizó Martínez-Pujalte llegaron hace un año a la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso, que rechazó la apertura de la comisión de investigación solicitada entonces por los grupos de la oposición.

El propio Martínez-Pujalte reconoce que había ofrecido informes verbales a la empresa constructora de Castilla y León y a otras instituciones, como las cámaras de Comercio de Extremadura.

El exdiputado por Murcia ha declarado a esta redacción que no ha recibido ninguna información de la Fiscalía y asegura que «todo es legal y está declarado». Niega que en ningún caso haya trabajado para «instituciones públicas». «Las cámaras de comercio no son públicas», aseguró Martínez Pujalte.

«Si me hubiera llamado el fiscal se lo habría aclarado todo. Ya lo expliqué hace un año», señaló.

A Martínez Pujalte se le considera el instigador de la dimisión del exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, cuya renuncia evitó que el TSJ continuara investigando el caso de corrupción urbanística Novo Carthago y pasara a un juzgado ordinario.

También se le ha atribuido un intento de mediación ante la Fiscalía General del Estado cuando el Tribunal Supremo citó a declarar a la exalcaldesa de Cartagena y entonces diputada del Congreso, Pilar Barreiro, que ha sido senadora en la legislatura recién terminada.