"Lo afronto con tranquilidad", así se enfrenta Victor Manuel Muñiz, de la empresa Igrafo, al juicio del "Caso Marea" que comenzó este lunes a las diez de la mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial.

Muñiz fue el único de los acusados que respondió a los periodistas y lo hizo con ese breve "lo afronto con tranquilidad". Quien se extendió un poco más fue el abogado Luis Tuero, que representa a los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo, y que explicó que en su opinión "la instrucción del caso no ha sido del todo correcta" en la fase previa, hasta que llegó a la sección tercera, donde se juzga.

Los acusados no estaban obligados a acudir a la sesión de esta mañana pero sí lo hicieron. La primera en llegar fue la exfuncionaria Marta Renedo. Tras ella fueron llegando el resto de los acusados, los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, Víctor Manuel Muñiz, Maximino Fernánde, María Jesús Otero o José Luis Iglesias Riopedere, el exconsejero de Educación del Principado fue el último en llegar y lo hizo cinco minutos antes de la hora prevista para el inicio de la sesión.

El mayor proceso por corrupción en la administración del Principado comenzó este lunes a las diez de la mañana con las cuestiones previas, en las que las defensas plantearán con toda seguridad la nulidad de las actuaciones. Estas dos primeras jornadas del macrojuicio de "Marea" estarán dedicadas a estas peticiones previas, y las declaraciones no comenzarán hasta el miércoles de la semana que viene, día en el que está previsto que abra el turno de comparecencias la exjefe de sección Marta Renedo Avilés, la exfuncionaria con la que se iniciaron las investigaciones en 2010. Será el primer juicio televisado en Asturias, puesto que los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial han decidido permitir que las declaraciones de los acusados puedan emitirse en directo.

El ministerio público y las acusaciones particulares (las ejercidas por el Principado y la los familiares de una de las mujeres cuya identidad suplantó Marta Renedo para abrir cuentas a través de las que desviaba el dinero de los falsos contratos) solicita penas que suman 57 años de prisión para los siete acusados principales: la ya citada Marta Renedo, la exdirectora general de Planificación María Jesús Otero, el exconsejero de Educación socialista José Luis Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, (Igrafo), Alfonso Carlos Sánchez (APSA), Maximino Fernández (ASAC Comunicaciones) y Antonio Azorín (Nora). Suman los delitos de cohecho, negociaciones ilegales, malversación y falsificación.

A ellos se suman otros seis implicados, contra los que formulan cargos de cohecho las acusaciones populares. Se trata de los trabajadores del ayuntamiento de Oviedo Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa Cantero: el arquitecto del ayuntamiento de Avilés Braulio Iglesias; el exjefe de compras del ayuntamiento de Mieres Francisco Javier Juárez; y el funcionario de la Politécnica de Gijón José Manuel Blanco.