La titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha citado a declarar como investigados al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el caso del ático de lujo que posee el primero de ellos en Estepona.

En una providencia, a la que ha tenido acceso a Efe y con fecha 8 de marzo, la jueza comunica esta decisión a instancias de la fiscalía anticorrupción a González y Cerezo, que deberán declarar en calidad de investigados el próximo 18 de abril a partir de las 10:00 horas en relación con la compraventa del inmueble.

La fiscalía solicitó su declaración por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, con el objeto de reproducir ante ellos en sede judicial unas grabaciones que recogen una conversación entre los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño con Ignacio González en noviembre de 2011.

Además, la juez ha citado ese mismo día y también en calidad de investigada a la mujer del expresidente madrileño, Lourdes Cavero -a la que atribuye los mismos delitos-, después de que la Audiencia Provincial de Málaga acordase dejar sin efecto su declaración como imputada en el caso en diciembre de 2013.

En el auto, la magistrada también ordena una tasación pericial del ático en el año 2008 cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investor que fue la que cuatro años después vendió el inmueble a González y Cavero, que lo venían disfrutando en régimen de alquiler.

Del mismo modo, solicita que se averigüe el patrimonio tanto del expresidente madrileño como de su esposa y de Coast Investor, y requiere a la Policía Nacional de Estepona para que haga "las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos", las presuntas irregularidades en la venta del inmueble.

El pasado 26 de febrero la Fiscalía Anticorrupción solicitó estas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, donde prestó declaración por esta causa y como testigo el pasado 1 de febrero el comisario José Manuel Villarejo, que coordinó las pesquisas sobre el ático.

Un caso que comenzó en octubre de 2012 con la denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por supuestas irregularidades y que dio lugar a una investigación, aunque la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.

Este sindicato aseguró que la venta del ático supuso "un trasvase de capital de dudoso origen" y que la operación fue "ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".

González siempre ha defendido que tenía un contrato de alquiler y que lo pagaba "religiosamente", y que si no lo compró antes de 2012 fue porque el inmueble no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad, trámite que se regularizó a finales de ese mismo año.

Al respecto, el expresidente aseguró disponer de documentos que establecen que adquirió el piso junto a su esposa el 18 de diciembre de 2012 por un importe de 770.000 euros y que el 80 % de la propiedad (616.000 euros) pertenece a su esposa, mientras que el resto (154.000 euros) es del propio González.