La Brigada de Análisis y Revisión de Casos, con sede en Madrid, ha asumido la investigación de lo ocurrido con Marta del Castillo, la joven de 17 años que desapareció en enero de 2009 y cuyos restos no han sido aún localizados tras buscarlos por distintas zonas del entorno de Sevilla.

Fuentes policiales han explicado a Efe que esta nueva brigada policial se hará cargo de casos que están "anquilosados" o "un poco parados" y cuya investigación no avanza.

Las mismas fuentes han añadido que se considera necesario que este caso se analice desde otra perspectiva con la esperanza de que quizás logren alguna pista que permita localizar el cadáver de la joven, por cuya muerte Miguel Carcaño, asesino confeso, cumple en Herrera de la Mancha (Ciudad Real) 21 años y tres meses de prisión.

Los restos de Marta del Castillo han sido buscados en el río Guadalquivir, el primer lugar en el que los detenidos dijeron que habían arrojado el cadáver, en un vertedero de basura porque luego afirmaron que la depositaron en un contenedor, en una finca cercana a Sevilla y en una escombrera del área metropolitana sevillana.

Antonio del Castillo, el padre de la menor, ha recogido más de 700.000 firmas para solicitar un nuevo juicio porque asegura que existen nuevos indicios de lo sucedido con la menor.

El padre destaca en su petición que de las cinco personas implicadas en el suceso solo fue condenada una, Miguel Carcaño, a 21 años y tres meses de prisión.

Además, el entonces menor conocido como el Cuco fue condenado a dos años y once meses de internamiento en un centro de menores por encubrimiento, y el resto fueron absueltos y están "impunes", lamenta el padre.

"En las últimas semanas han surgido nuevos indicios y grabaciones que indican que el caso se juzgó y se cerró en falso. La documentación ya están en manos de la Fiscalía y son ellos lo que tienen que decidir", subraya Antonio del Castillo, que ha reconocido haber ofrecido 18.000 euros al condenado para que le diga el paradero de su hija.

En su solicitud, Antonio del Castillo destaca que "hasta el Ministro del Interior ha llegado a afirmar que la búsqueda de los restos de mi hija "es una espina" desde el punto de vista "humano" para los investigadores y que este sigue siendo "un caso abierto" pese a haber sido ya juzgado".

La última información relacionada con este caso ocurrió el 8 de enero, cuando se celebró un juicio por el que fueron condenados los padres del Cuco y un supuesto confidente policial a una multa de 2.520 euros cada uno de ellos por quebrantar la orden de alejamiento de la familia de la menor asesinada.

En la sentencia, el juez consideró culpables a Rosalía García Marín y Ángel Romero Cid, padres del Cuco, y a Pablo Bonilla, el supuesto confidente al que la Policía calificó de "delincuente" en el jicio, en el que también dijo que solo les ofrecía "paparruchadas".

El padre de la menor asesinada, por su parte, entregó en octubre pasado 600 horas de grabaciones que habría recogido el supuesto confidente del entorno del Cuco descalificado por la Policía.